La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre, identificado por las iniciales I.Ch.M., acusado de dos delitos contra la seguridad vial y un delito de amenazas contra agentes de la Policía Local.
Durante la vista oral, el acusado negó haber sido quien conducía la motocicleta el día de los hechos y aseguró que se encontraba en Algeciras, ya que sobre él pesaba una orden de busca y captura en Ceuta.
Asimismo, reconoció que había perdido la vigencia de su permiso de conducir por la pérdida total de puntos y confirmó que dicha circunstancia le había sido notificada.
Preguntado por la motocicleta presuntamente implicada, manifestó conocer a su propietaria, indicando que se trata de su pareja sentimental. También explicó que finalmente fue detenido en el domicilio de sus padres.
La persecución policial
El primer agente de la Policía Local que declaró relató que los hechos ocurrieron en la tarde del 1 de marzo, cuando observaron al acusado circulando en una motocicleta Honda ANC 125 por la carretera nacional N-352.
Según su testimonio, mientras patrullaban debidamente uniformados y en un vehículo oficial, comprobaron que el motorista rebasó un semáforo en rojo, por lo que procedieron a darle el alto mediante señales acústicas y luminosas.
Lejos de detenerse, el acusado emprendió la huida, iniciándose una persecución durante la que, según el agente, realizó una conducción “manifiestamente contraria a las normas de circulación”, dando varias vueltas a una rotonda y circulando tanto por la acera como por zonas destinadas a peatones, obligando a los viandantes a apartarse para evitar ser atropellados.
El policía añadió que incluso estuvo a punto de atropellar a una persona de avanzada edad.
Las presuntas amenazas
Durante la persecución, el agente explicó que el acusado logró situarse en un punto elevado respecto a la calzada y, desde allí, se dirigió a los policías profiriendo amenazas.
Según su declaración, les dijo: “Os voy a coger uno a uno y cuando os vea sin uniforme os voy a pegar un tiro a cada uno. Que no me vais a coger, ¿has visto que me he escapado?”.
El funcionario manifestó igualmente que, aunque el conductor llevaba casco, pudo identificarlo sin dudas al tratarse de una persona conocida por intervenciones policiales anteriores tras 18 años de servicio patrullando las calles de Ceuta.
Asimismo, sostuvo que el acusado circulaba siendo plenamente consciente de que carecía de permiso de conducción, al haber perdido todos los puntos y no haber recuperado la autorización administrativa para conducir.
Coincidencia entre los agentes
El segundo agente de la Policía Local corroboró la versión ofrecida por su compañero, indicando que también participó en la persecución y que el motorista hizo caso omiso tanto de las señales luminosas como de las órdenes verbales para que detuviera el vehículo.
En relación con las amenazas, este testigo afirmó que el acusado les advirtió de que, cuando no llevaran el uniforme, les iba a “pegar un tiro”, acompañando sus palabras con el gesto de una pistola realizado con la mano.
La versión de la propietaria de la motocicleta
La propietaria de la motocicleta, quien además es pareja del acusado, declaró que el vehículo permanecía desde hacía aproximadamente dos años parado en el garaje de su vivienda.
Según explicó, mientras se encontraba pintando la casa fueron sus hijos quienes le avisaron de que la Policía estaba sacando la motocicleta del garaje. Afirmó que los agentes le comunicaron que el vehículo había sido utilizado en la huida, extremo que negó al asegurar que la moto carecía de seguro e ITV en vigor.
La testigo también sostuvo que el acusado no se encontraba en Ceuta porque llevaba cerca de cuatro años en situación de busca y captura.
Petición de la Fiscalía
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso, así como de un delito de conducción temeraria, ambos en concurso ideal, además de un delito de amenazas.
Por los delitos contra la seguridad vial, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante cuatro años y la pérdida definitiva del permiso de conducción.
Por el delito de amenazas interesa la imposición de un año de prisión.
El Ministerio Fiscal mantuvo íntegramente su escrito de acusación, interesando una sentencia condenatoria, mientras que la Defensa solicitó la libre absolución de su representado. Tras la práctica de la prueba y la exposición de los informes finales, la magistrada dejó el juicio visto para sentencia.
