La Policía Local ha sido encomendada a realizar labores en la frontera, una actuación que no está dentro de sus competencias. Una orden de servicio obliga a los agentes a actuar en este lugar, a pesar de que el margen de acción legal es de obligado cumplimiento para la Policía Nacional o la Guardia Civil. La razón ha sido el necesario control de la venta ambulante, pero los propios agentes creen que esconde el interés que se persigue para que terminen controlando la carretera nacional. Tras la denuncia de la entidad sindical CSIF, no ha habido una respuesta oficial que clarifique lo que está pasando, ni que especifique las atribuciones que la Ciudad considera que deben hacer los agentes del Cuerpo municipal para que estos, a su vez, puedan defenderse de alguna manera. El sindicato advierte que denunciará lo que está ocurriendo, pero antes de llegar a estos extremos lo suyo es que haya una explicación clara y convincente sobre el origen de dicha orden, los detalles que deben perfilar las actuaciones y hasta qué punto la Policía Local no está invadiendo unas competencias que se le pueden volver en su contra con graves perjuicios de producirse un incidente. Hay muchos casos que han terminado judicializados porque no se ha dejado clara la forma de acción de los agentes. Antes de enrarecerse la situación lo lógico es adoptar las medidas oportunas.
