El 26 de noviembre de 1986 los periodistas Antonio López y Juan Emilio Ballesteros publicaban un comunicado del Sindicato Unificado de la Guardia Civil -Sindicato clandestino como lo definían los medios de comunicación- denunciando que el guardia civil Francisco Martínez Jiménez había sido detenido y posteriormente torturado por repartir octavillas del sindicato clandestino. Los periodistas se limitaron a trasladar una información a los ciudadanos, una obligación que tienen los profesionales del periodismo si son de verdad periodistas.
Una vez conocida la información la Dirección General de la Guardia Civil presentó una querella criminal que provocó que la Audiencia Provincial de Sevilla los procesara por un presunto delito de injurias a la Guardia Civil por haber publicado en sus respectivos periódicos, El Correo de Andalucía y Diario 16 de Andalucía, el comunicado del Sindicado Unificado de la Guardia Civil. Una información que, según el fiscal del caso, Miguel Rus Márquez, era merecedora de una condena de seis meses y un día de prisión. Casi tres años después fueron absueltos por la Audiencia Provincial del delito que se les imputaba, entre otras cosas, porque el guardia civil Francisco Jiménez declaró en el juicio que no fue torturado durante los tres días que estuvo detenido, aunque señaló que antes y después de la detención fue objeto de “torturas psíquicas y persecución laboral”.
Eran los primeros años de nuestra joven democracia, pero esta circunstancia no impedía que las Instituciones y la sociedad en general mostraran su rechazo a la detención de periodistas por informar a los ciudadanos. Nadie entendía este procesamiento y hasta el pleno del Parlamento de Andalucía mostró su apoyo a los periodistas cuyo texto aprobado pedía a los jueces “garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz”. Es curioso, porque el Parlamento Andaluz reivindicaba el derecho constitucional para garantizar el derecho a informar a los periodistas, mientras otra Institución del Estado intentaba que fueran condenados. Una incongruencia más de nuestra joven democracia, porque esto ocurría siendo presidente del Gobierno, Felipe González y presidente de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez de la Borbolla, ambos del Partido Socialista Obrero Español y ambos con mayoría absoluta. Decía incongruencia porque en Madrid el Gobierno se querellaba contra los periodistas y en Andalucía un parlamento con mayoría socialista los defendía y apoyaba.
Han pasado muchos años, pero esos y otros muchos periodistas, hicieron posible que la voz, las inquietudes y falta de derechos de los guardias civiles traspasaran las tapias y murallas de los comandancias y puestos de la Guardia Civil. Fueron el altavoz que nos hacía falta para conquistar nuestros derechos constitucionales. Unos profesionales que se arriesgaron y protegieron la identidad de unos pocos guardias civiles que nos atrevíamos a levantar la voz.
Hoy, casi treinta años después, en esta consolidada democracia, los periodistas han salido a la calle para defender el derecho a informar y a mantener en secreto a sus fuentes de información. Un derecho fundamental para unos profesionales que son el termómetro que garantiza la salud democrática de los países, porque sin libertad de información, sin un periodismo libre, no es posible una democracia plena y sin ataduras. Estos profesionales han salido a la calle para protestar por la incautación de los teléfonos móviles y los ordenadores de los periodistas de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca que publicaron información sobre un caso de corrupción en Baleares, conocido como Cursach.
Unos profesionales que gritaban “Sin periodismo no hay democracia”, “Nuestro secreto, tu derecho”. Estos periodistas reivindican el derecho a proteger a sus fuentes, a las personas que le trasladan información. Una protesta que me retrotrae a unos tiempos donde otros periodistas eran requeridos en los tribunales para que revelaran los nombres de los guardias civiles que con capuchas se atrevían a denunciar ser privados de libertad por sanciones administrativas, carencias de derechos laborales y profesionales, bajos salarios, jornadas de trabajo interminables, derecho al descanso semanal y, sobre todo, el derecho de asociación y manifestación que hoy tenemos.
Hace más de treinta años aquellos periodistas se arriesgaron, fueron leales con sus fuentes. Hoy, un simple guardia civil quiere agradeceros vuestra lealtad con la democracia, con aquellos guardias civiles. Hoy, un simple guardia civil quiere ser vuestro humilde y pequeño altavoz, que reclama igual que vosotros, vuestro derecho a informar libremente, a proteger a vuestras fuentes, porque sin la protección de esos derechos básicos no es posible una sociedad democrática.
“Sin periodismo no hay democracia”, “Nuestro secreto, tu derecho”. Un lema que engrandece a la profesión. Gracias a todos los que honráis ese lema.
