Seis años después de que la Udyco de la Policía Nacional explotara la denominada
Operación Monte, el tribunal de la
Sección VI de la Audiencia de Cádiz en Ceuta ha señalado dos sesiones para abordar cuestiones previas, toda vez que los abogados de los 31 acusados que hay en el procedimiento van a solicitar que se decreten nulidades de las entradas y registros además de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía.
Procesados por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, entre los acusados figuran tres agentes de la Guardia Civil que estuvieron investigados inicialmente por otro delito de cohecho, retirándose finalmente del procedimiento dicha carga al no haber quedado acreditado. La Operación Monte, ejecutada en marzo de 2016,
se saldó con el decomiso de casi seis toneladas de hachís dejando medio centenar de personas como investigadas, aunque finalmente han quedado 31 acusados.
Novedad en la Audiencia, un ‘experimento’ para el caso Emvicesa
Es la primera vez que el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial pone en marcha un sistema que servirá de prueba piloto para la celebración del caso Emvicesa, ya que ha habilitado la conocida como ‘jaula’ –un instalación que sirve para reuniones de funcionarios judiciales- con el fin de que los periodistas puedan seguir desde allí las sesiones, dejando toda la sala para los acusados y abogados. Además desde el TSJA se ha difundido un canal de youtube para seguir las distintas sesiones de
juicio oral en directo, facilitando de esta manera que en la sala, de dimensiones concretas, solo estén las distintas partes y el tribunal.
Calificación provisional del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal pide, en su escrito de calificación provisional, penas distintas para los acusados en esta operación en la que se desarticuló una trama dedicada al tráfico de hachís oculto en camiones que marchaban a la Península. En el caso de los tres guardias civiles, dos de ellos se enfrentan a penas de 8 años y un tercero a 18, de acuerdo con la calificación inicial que ya adelantó El Faro de Ceuta. En general, según las acusaciones se solicitan distintas penas de prisión, desde los cuatro años y medio como mínimas para algunos de los acusados por tráfico de drogas hasta seis, ocho años y medio o 10 por ese mismo delito al incluirse agravantes. Las peticiones aumentan en los casos en los que al delito contra la salud pública se añade otro de blanqueo, por el que se reclama la imposición de 5 años más. Todas estas peticiones quedan en el aire puesto que la consideración de la Fiscalía puede cambiar según se analicen las distintas cuestiones previas y se acuerden o no nulidades. Del resultado de estas dos sesiones contempladas para cuestiones previas se derivará el auto que dicte la Audiencia resolviendo todas y cada una de ellas antes de dar inicio a las sesiones de juicio oral previstas para el mes de diciembre, que pueden contener importantes cambios respecto de las calificaciones ahora conocida. Es, el de hoy, el caso judicial que llega a la Audiencia que más acusados y abogados arrastra, de ahí que haya sido una prueba de fuego para el tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad.
¿Qué fue la Operación Monte?
Seis años después de la operación policial llega a la Audiencia la primera macrocausa en la que se pone de manifiesto la existencia de un grupo de personas que controlaba el pase de hachís a la Península dentro de camiones. Según las sospechas de los agentes, para que pudieran llevarse a cabo se contaba con la connivencia de personal de la Guardia Civil.
El dinero se empleaba después para la compra de bienes de todo tipo, desde casas hasta incluso décimos de lotería.
Se decomisaron varios camiones y se practicaron operativos no solo en Ceuta sino también en la Península.