El día 8 de abril un numeroso grupo de guardias civiles pasarán destinados a las unidades involucradas en el Plan CARTEIA. Se trata de sustituir o reemplazar a los efectivos que dejaron de realizar un trabajo extraordinario en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Un trabajo que tuvo unos resultados incuestionables, porque nuestros compañeros intervinieron más de un millón de kilos de hachís y 35.000 kilos de cocaína, además pusieron a disposición judicial a más de 12.000 personas, se aprendieron más de 58.000.000 millones de euros en efectivo y se intervinieron cuentas y bienes con un impacto económico de más de 301.000.000 euros. Esos son los números que asustan a los delincuentes y que aplauden los ciudadanos.
Desde AEGC ya advertimos que el desmantelamiento del Plan Carteia era una mala decisión, porque las organizaciones criminales comenzarían a organizarse nuevamente. No se trataba de una crítica fuera de contexto de las asociaciones y sindicatos de policía, se trataba de un grito desesperado de los propios funcionarios, de la fiscalía antidroga y de las organizaciones sociales que llevan años reclamando mano dura contra estas organizaciones criminales.
No nos equivocamos y, desgraciadamente, así sucedió con resultados trágicos para los guardias civiles y sus familias. Ahora parece que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil se han puesto manos a la obra para combatir a estas organizaciones. Lo dijimos y los repetiremos mil veces: hacen falta guardias civiles, policías, fiscales y jueces para combatirlos. Se trata de acabar con el tráfico de drogas, investigar sus patrimonios, ponerlos a disposición judicial y juzgarlos lo antes posible para que no puedan obtener ningún beneficio por dilaciones judiciales indebidas.
Se trata -y lo hago en un punto y aparte- de acabar con tanta chulería, ostentación de poder, de tanto desprecio a la ley, de tanta violencia y, sobre todo, enseñarles el camino de la cárcel a ellos y a su séquito de seguidores.
“No se entiende que conociendo el destino de este combustible no respondieran penalmente como autores de delitos de tráfico de drogas”
Estamos en el camino y ya daremos nuestra impresión del resultado, porque es nuestra obligación, aunque parece que los que tienen la responsabilidad de resolver este desbarajuste empiezan a tomarse en serio la necesidad de luchar imperiosamente contra esta gentuza que no respeta ni la ley, ni la vida de las personas.
Han tomado nota y desde el Ministerio del interior y justicia se está trabajando en penalizar a las personas que nutren a las narcolanchas de combustible. Un abastecimiento primordial para estas embarcaciones, porque sin esta provisión les sería imposible llegar a sus destinos. Esta penalización era una de las reivindicaciones de AEGC, porque no se entiende que conociendo el destino de este combustible no respondieran penalmente como autores de delitos de tráfico de drogas.
La necesidad de combatir a estas organizaciones criminales desde el inicio hasta donde mueren, es decir, hasta las cuentas corrientes y bienes que poseen producto de esta actividad ilícita es una iniciativa indispensable para combatirlos eficazmente. Sin duda es un trabajo duro y de mucho tiempo, pero se ha demostrado que se puede hacer y no hace falta mencionar como se ha hecho en operaciones tan importantes como la OPERACIÓN MARINAS donde muchos de los testaferros y propietarios de aquellas embarcaciones fueron condenados por la Audiencia Provincial. Unas condenas que provocaron que estas organizaciones no encontraran fácilmente a testaferros a los que poner a su nombre embarcaciones, ni bienes.
Parece que vivimos tiempos para estar contentos y esperamos con impaciencia que se modifique la ley. Una LEY que impida que ninguna persona que colabore con estas organizaciones como pilotos, abastecedores de gasolina, como testaferros o simplemente informadores puedan salir inmunes de estos procedimientos y, sobre todo, se penalice con dureza la violencia que ejercen estos indeseables.