Las ONG piden frenar el decreto de expulsiones en Ceuta por sus posibles efectos sobre el asilo

Un total de doce organizaciones no gubernamentales han advertido este martes de las “fatales consecuencias” que, según sostienen, podría tener para el derecho de asilo y los derechos humanos la aprobación del real decreto ley que prepara el Gobierno para acelerar las expulsiones de inmigrantes en Ceuta.

Las entidades han difundido una declaración conjunta en la que reclaman al Ejecutivo que “dé marcha atrás” en su intención de presentar esta propuesta y que cumpla su compromiso de aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo “de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo”.

La declaración está suscrita por CEAR, Movimiento por la Paz-MPDL, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, APDHA, Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Oxfam Intermón, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz y Red de Apoyo a Inmigrante DIMBALI.

Según estas organizaciones, la propuesta supondría introducir un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo” y tendría además carácter retroactivo para las personas que hayan solicitado protección internacional desde el 30 de julio de 2026.

Alertan sobre el principio de no devolución

Uno de los principales motivos de preocupación expresados por las ONG se refiere al principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.

Las entidades consideran que el decreto podría introducir determinados supuestos en los que, aunque una persona solicite asilo, no se le permita permanecer en España mientras se resuelve su petición.

A su juicio, esto supondría una “grave amenaza” para ese principio, cuya protección, recuerdan, no se limita exclusivamente a quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional.

Las organizaciones sostienen que la no devolución tiene un alcance más amplio y está reconocida en distintos tratados internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Según explican, se aplica a cualquier persona cuya vida o integridad física pueda estar en peligro en caso de retorno a su país de origen o a un tercer país.

Restricciones para solicitar protección internacional

Las ONG también consideran que la propuesta limitaría el acceso al procedimiento de protección internacional.

En concreto, alertan de que, si una persona formula una solicitud de asilo después de siete días desde la notificación de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, su petición sería inadmitida.

Las entidades señalan que ese supuesto no sería de aplicación obligatoria según el Pacto Europeo de Migración y Asilo y consideran especialmente preocupante su aplicación en el contexto actual de Ceuta.

Según explican, pueden producirse retrasos en la presentación de solicitudes por diferentes motivos, entre ellos la falta de información sobre la protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están detectando.

Cinco días para recurrir

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones es el relativo a la tutela judicial efectiva. Las ONG sostienen que el decreto establecería un plazo para recurrir las resoluciones desfavorables inferior al previsto en el Pacto.

En particular, señalan que se fijaría un periodo de cinco días naturales para presentar los recursos.

Las entidades consideran que ese plazo puede dificultar el acceso a garantías básicas, entre ellas la asistencia letrada y la representación gratuitas. También apuntan a la necesidad de que los profesionales puedan acceder al contenido de la resolución, examinar el expediente y hablar con la persona afectada, acompañada de intérprete cuando sea necesario.

Por ello, sostienen que cinco días naturales resultan inviables para organizar adecuadamente la defensa, especialmente en procedimientos que requieren la intervención de abogados de oficio e interpretación.

Las organizaciones reclaman así al Gobierno que revise su propuesta antes de su aprobación y que cualquier aplicación del nuevo marco europeo en Ceuta se lleve a cabo, según defienden, sin menoscabar el derecho de asilo ni las garantías reconocidas por la normativa de derechos humanos.