Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el primer paso para aprobar las nuevas leyes de Extranjería y Asilo que deberán adaptar el sistema español al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) que incorporará reparto de inmigrantes, internamientos forzosos y confinamiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior: una nueva ley de asilo que sustituirá a la actualmente vigente y una reforma de la Ley de Extranjería.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo plantean una profunda actualización del sistema de protección internacional y del régimen aplicable a las personas extranjeras.
El objetivo declarado es conseguir procedimientos más ágiles y eficaces, reforzar determinadas garantías y, al mismo tiempo, mejorar el control de las fronteras y acelerar los procesos de retorno cuando no exista derecho a protección internacional.
La reforma llega después de la entrada en aplicación, el pasado 12 de junio de 2026, del nuevo marco europeo derivado del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Ese pacto fue acordado durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 y aprobado definitivamente por las instituciones europeas en 2024.
Una nueva ley de asilo para sustituir la norma de 2009
Interior ha optado por elaborar una nueva Ley de Asilo, en lugar de modificar parcialmente la Ley 12/2009, al considerar que esta norma ha quedado obsoleta y, además, carece de desarrollo reglamentario.
El nuevo texto pretende combinar un enfoque garantista con una gestión más eficaz de las fronteras. Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo prestan especial atención a los menores, las personas vulnerables y la unidad familiar, pero también incorporan herramientas destinadas a reducir los tiempos de tramitación y facilitar los retornos.
La necesidad de modificar el sistema está relacionada también con el fuerte aumento de las solicitudes de protección internacional. España pasó de registrar unas 3.000 solicitudes en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
De acuerdo con la información publicada por El País, esas cifras han situado a España como el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes, solo por detrás de Alemania.
Procedimientos de asilo más rápidos
Una de las principales novedades de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo será la reorganización de los procedimientos para resolver las solicitudes de protección internacional.
El anteproyecto contempla un nuevo procedimiento acelerado que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses y que podrá aplicarse a determinados supuestos en los que la solicitud presente características que permitan una tramitación más rápida.
La reforma también pretende aclarar las diferentes fases del acceso al procedimiento:
- Formulación de la solicitud.
- Registro de la solicitud.
- Formalización de la solicitud.
- Examen y resolución.
- Posible recurso ante los tribunales.
El Gobierno pretende reducir los plazos y hacer más eficiente el sistema sin eliminar las garantías de las personas solicitantes.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo también modifican el régimen de recursos. En términos generales, desaparecerá el recurso administrativo previo y se reforzará la vía contencioso-administrativa.
El procedimiento de frontera podrá durar hasta 12 semanas
Otra de las novedades más relevantes de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo es la incorporación del procedimiento de frontera previsto en la normativa europea.
En determinados casos, las solicitudes presentadas en frontera deberán resolverse mediante este procedimiento, que tendrá una duración máxima de doce semanas. Durante ese periodo, el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades antes de que se autorice formalmente su entrada en España.
El objetivo es que, si la solicitud es denegada, pueda ejecutarse con mayor rapidez el retorno de la persona.
El procedimiento pretende establecer una separación más clara entre quienes pueden acceder a la protección internacional y quienes no reúnen los requisitos para permanecer en España.
Triaje para las personas que entren de forma irregular
La reforma de la Ley de Extranjería incorpora además el denominado triaje, un procedimiento inicial de control que deberá realizarse a determinadas personas extranjeras que crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada.
Este triaje incluirá:
- Reconocimiento médico.
- Evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad.
- Identificación de la persona.
- Toma de datos biométricos.
- Inspección de seguridad.
- Derivación al procedimiento que corresponda.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo establecen que, con carácter general, no se autorizará la entrada en territorio español hasta que finalice este proceso.
Aunque el reglamento europeo permite que el triaje pueda prolongarse hasta siete días, España establece inicialmente un plazo de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante decisión judicial en casos individuales debidamente justificados.
Repartos de inmigrantes entre comunidades
Uno de los aspectos que no aparece desarrollado en la nota de prensa de Interior y que ha trascendido a través de El País es la posibilidad de establecer repartos de inmigrantes entre diferentes territorios.
El nuevo marco contempla que los solicitantes de protección internacional puedan ser distribuidos entre comunidades autónomas, provincias o grandes ciudades, atendiendo a criterios como su capacidad o con el objetivo de garantizar una tramitación más rápida, eficiente y eficaz de las solicitudes.
Esta posibilidad convierte los repartos de inmigrantes en una de las cuestiones que pueden tener mayor impacto territorial, especialmente en zonas sometidas a una presión migratoria elevada.
La medida también busca evitar movimientos no autorizados de los solicitantes hacia otros Estados de la Unión Europea.
Confinamientos durante la tramitación del asilo
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo también contemplan restricciones sobre la movilidad de determinados solicitantes de protección internacional.
El anteproyecto permite asignar a una persona una zona geográfica concreta de residencia mientras se resuelve su expediente, con la obligación de no abandonarla.
En determinadas circunstancias, esta limitación podría ser todavía más estricta y quedar circunscrita a un edificio o lugar específico, especialmente cuando exista riesgo de fuga o resulte necesario para proteger el orden público.
El sistema contempla excepciones. Por ejemplo, podrán concederse permisos para abandonar temporalmente el lugar asignado por motivos familiares urgentes debidamente acreditados o para recibir un tratamiento médico que no pueda obtenerse en el lugar de residencia.
El incumplimiento de estas restricciones podría tener consecuencias sobre las condiciones materiales de acogida.
Internamientos forzosos y seguridad
La reforma de la Ley de Extranjería también incorpora la posibilidad de recurrir a internamientos forzosos o a medidas alternativas al internamiento en determinadas circunstancias.
Entre los supuestos previstos se encuentra la necesidad de proteger la seguridad nacional y el orden público, siempre que no exista otra forma de conseguir ese objetivo.
Esta previsión supone otra de las novedades relevantes de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo, dentro de un modelo europeo que pretende combinar protección internacional, control migratorio y procedimientos de retorno más rápidos.
Retornos más rápidos cuando se deniega el asilo
Uno de los cambios fundamentales afecta a la relación entre el procedimiento de asilo y el procedimiento de retorno.
Hasta ahora, ambos procesos podían desarrollarse de forma diferenciada. El nuevo modelo pretende vincularlos en determinados supuestos para evitar que una denegación de protección internacional se traduzca en una prolongación del procedimiento de expulsión.
Así, si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona recibirá la notificación junto con la denegación de entrada, que implicará la obligación de abandonar España.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo incorporan de este modo una decisión de retorno que puede quedar vinculada a la propia resolución denegatoria.
Además, se elimina con carácter general el recurso administrativo previo, de manera que la persona afectada deberá acudir directamente a la vía judicial si quiere impugnar la decisión.
Países seguros y nuevas reglas para las solicitudes
El anteproyecto de nueva ley de asilo desarrolla también los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro.
Estas categorías pueden influir en la admisión y tramitación de una solicitud de protección internacional.
El texto mantiene el principio de examen individual de cada expediente, pero establece mecanismos específicos cuando la persona procede de determinados países considerados seguros o dispone de protección efectiva en otro Estado.
Esta cuestión puede adquirir especial relevancia para personas procedentes de países incluidos en las categorías europeas de seguridad, entre ellos Marruecos, según la información incorporada al texto analizado.
Más obligaciones para los solicitantes de asilo
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo no solo refuerzan derechos y garantías. También establecen con mayor detalle las obligaciones que deberán cumplir quienes soliciten protección internacional.
Entre ellas se encuentran:
- Aportar la información y documentación disponible.
- Facilitar la toma de datos biométricos.
- Comparecer cuando sean requeridos.
- Responder a las preguntas de las autoridades.
- Colaborar activamente con la Administración.
- Colaborar en determinados procesos de traslado a otros Estados miembros.
La falta de colaboración podrá llegar a tener consecuencias sobre la propia solicitud de protección internacional.
Nuevas sanciones en los centros de acogida
Otra novedad de la nueva ley de asilo es la creación de un catálogo específico de infracciones y sanciones para los usuarios del sistema de acogida.
Las infracciones se dividirán en leves, graves y muy graves.
Entre las conductas contempladas aparecen cuestiones relacionadas con la higiene personal o el incumplimiento de horarios, mientras que las infracciones más graves incluyen comportamientos que alteren la convivencia o determinados supuestos de acoso discriminatorio.
Las sanciones podrán implicar:
- Reducción de ayudas.
- Traslado a otro centro.
- Retirada temporal de prestaciones.
- Retirada definitiva de determinadas prestaciones.
El objetivo es establecer unas reglas de convivencia más claras dentro del sistema de acogida.
Más protección para menores y colectivos vulnerables
El carácter restrictivo de algunas de las medidas se combina con un refuerzo de determinadas garantías.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo introducen una evaluación individual de las situaciones de vulnerabilidad para determinar qué garantías especiales deben aplicarse tanto durante el procedimiento como en las condiciones de acogida.
Los menores no acompañados reciben una atención específica. La reforma regula la figura del representante de los menores que soliciten protección internacional y desarrolla cuestiones relacionadas con la tutela, la búsqueda de familiares y la presunción de minoría de edad mientras se completa la evaluación correspondiente.
También se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
El texto presta igualmente atención a menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y víctimas de tortura, violencia o trata.
Fin de la vía extraordinaria por razones humanitarias
La nueva ley de asilo elimina además la vía específica que permitía acceder a autorizaciones de residencia por razones humanitarias después de que una solicitud de protección internacional hubiera sido rechazada en determinados casos.
La justificación del Gobierno es que el uso extensivo de esta vía habría terminado convirtiendo determinadas solicitudes de protección internacional en un mecanismo instrumental para conseguir posteriormente una autorización de residencia.
El nuevo sistema pretende devolver estas situaciones al procedimiento ordinario de extranjería.
Una reforma todavía pendiente de tramitación
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo aprobadas este martes todavía no son leyes definitivas.
Los dos anteproyectos han superado únicamente la primera vuelta en el Consejo de Ministros. A partir de ahora, Interior trasladará los textos a los ministerios que tienen competencias relacionadas con la materia y solicitará informes a diferentes instituciones y organismos.
Entre ellos estarán el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Comisión Interministerial de Extranjería y la Agencia Española de Protección de Datos.
También se solicitará la opinión del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Después de incorporar las observaciones que correspondan, Interior volverá a llevar los textos al Consejo de Ministros. Si son aprobados como proyectos de ley, comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes.
Por tanto, las nuevas leyes de Extranjería y Asilo todavía pueden experimentar cambios antes de su aprobación definitiva.
La reforma dibuja, en cualquier caso, un nuevo modelo para gestionar la protección internacional y la inmigración irregular en España: más rapidez en la resolución de solicitudes, mayor control en las fronteras, nuevos mecanismos de retorno, posibles repartos de inmigrantes, restricciones de movilidad e internamientos en determinados supuestos, junto a un refuerzo de las garantías para menores y personas especialmente vulnerables.
El resultado será una transformación sustancial del sistema español de asilo y extranjería para adaptarlo al nuevo marco europeo.
