Más de 70 ONG han reclamado ante la ONU responsabilidades por la vulneración de derechos ante la "respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza" por parte de España y Marruecos en el intento de entrada por Melilla el 24 de junio en el que murieron 23 personas, que las ONG elevan a 37.

En un comunicado conjunto firmado por 74 entidades sociales de apoyo a migrantes - como Red Acoge, Cear, Médicos del Mundo y Andalucía Acoge, entre otras- explican la denuncia presentada ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias por "las graves consecuencias para el derecho a la vida y la integridad física" de la política de la UE de externalización de la Frontera Sur.

En concreto, reclaman que sean investigadas "las prácticas violentas de disuasión llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad porque suponen una grave vulneración de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados" por España y Marruecos.

Las ONGs han solicitado una comunicación oficial a ambos países para que se enjuicien tanto los casos de privación de la vida y las lesiones ocasionadas a las personas migrantes, como las prácticas de extradición, deportación o traslado forzoso de las personas que fueron detenidas.

Además, según consta en la información facilitada, han pedido una visita conjunta de estas relatorías al lugar de los hechos para que recaben información e impulsen un diálogo con ambos gobiernos "para que sean adoptadas las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan".

Las organizaciones firmantes también hacen énfasis y recuerdan que los estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción sobre sus fronteras respetando sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular las obligaciones respecto al derecho a la vida e integridad física de las personas migrantes y refugiadas.