CEAR, Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita a Migrantes y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se han unido en una misma petición: que el acuerdo anunciado para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, con efectos en Ceuta y Melilla, “de verdad suponga el fin de las devoluciones en caliente”.
En declaraciones a EFE, han hecho referencia al acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu que contempla, entre otras cosas, una modificación de la ley de extranjería sobre las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.
Esta estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar irregularmente la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados "a fin de impedir su entrada ilegal en España".
No obstante, se abordará la reforma de la ley de extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".
"En consecuencia -añade el texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su deseo de que este cambio normativo suponga el fin real de estas prácticas que, recuerda, llevan denunciando "años" porque "vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución" y los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y derecho de asilo.
"Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden", explica.
Mientras tanto, la portavoz de Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha valorado que el acuerdo se compromete a estudiar este aspecto de las devoluciones en caliente pero “no concreta qué garantías se van a dar”.
En este sentido, ha cuestionado que la propuesta “solo se refiera a los solicitantes de asilo cuando el derecho a tener las debidas garantías -como acceder a un abogado y una tutela judicial efectiva para, por ejemplo, recurrir la orden de retorno- corresponde a todos los migrantes, no solo a los que busquen protección internacional”.
La posición de Amnistía Internacional va dirigida a que la mejor fórmula sería retirar la disposición adicional que establece un régimen especial para Ceuta y Melilla o, en su defecto, que esta incluya "salvaguardas efectivas" para impedir que se vulneren los derechos de estas personas y el derecho internacional.
Por su parte, el responsable jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Javier Moreno, ha hecho referencia a la necesidad de “establecer reglas claras y respetuosas con los derechos humanos” sobre esta figura, que en ocasiones es usada en supuestos en los que no está previsto por ley, precisamente por las faltas de garantías.
"La cultura de la devolución viene precisamente por una normativa que ha sido poco clara y que ha permitido en la práctica que se devuelva y que no se analice de manera individualizada y con el debido respeto a posibles solicitantes de protección internacional", ha denunciado.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza ha señalado que "sería una buena medida que, mediante modificación de la ley de extranjería, se ponga fin definitivamente a esa práctica ilegal".
No obstante, ha matizado que "los términos que se han pactado son demasiado amplios": "teniendo en cuenta cómo ha sido el proceder de este Gobierno y de su ministro del Interior, (Fernando) Grande -Marlaska, nos quedan dudas respecto a si finalmente este acuerdo se va a implementar y en qué términos se haría”.
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