El hartazgo vecinal en Hadú ha dejado de ser una queja puntual para convertirse en un clamor sostenido. Lo que en un inicio podía entenderse como una molestia temporal derivada de unas obras indudablemente necesarias se ha transformado, con el paso de los meses, en un problema estructural que condiciona la vida diaria de cientos de ceutíes. No es solo una cuestión de incomodidad: es una cuestión de dignidad.
La realidad que describen los vecinos de barriadas como Sidi Embarek, Los Rosales o La Pantera resulta difícil de justificar. Más de un kilómetro a pie (que ahí se dice pronto) para acceder a un servicio público esencial como el autobús no puede considerarse una solución provisional aceptable, y mucho menos cuando afecta de manera directa a personas mayores, con movilidad reducida o familias con niños.
La falta de alternativas evidencia una planificación mal planteada o, peor aún, una preocupante ausencia de sensibilidad.
Las obras son necesarias, en eso estamos todos de acuerdo. Nadie discute que mejorar las infraestructuras de Hadú es una inversión de futuro para la ciudad. Pero esta actuación pública debe ir acompañada de medidas que minimicen en lo posible su impacto en la ciudadanía. Y aquí es donde falla. No se trata solo de abrir calles y levantar aceras, sino de garantizar que, mientras tanto, la vida pueda seguir con una mínima normalidad.
Los testimonios recogidos reflejan algo más profundo que la incomodidad: hay cierto abandono, o al menos es lo que sienten los afectados. Vecinos que pierden citas médicas, comerciantes que ven resentidos sus negocios, ciudadanos que dependen de la buena voluntad de otros para desplazarse.
La imagen es la de una periferia desconectada, invisible para quienes están alejados de esa realidad cotidiana.
Y especialmente preocupante es la situación de los colectivos más vulnerables. Obligar a una persona mayor a recorrer largas distancias en plena subida del Morro o bajo temperaturas crecientes no es solo una falta de previsión, es una irresponsabilidad.
La administración no puede permitirse mirar hacia otro lado cuando las consecuencias de sus decisiones afectan precisamente a quienes más protección necesitan. Las soluciones existen y han sido planteadas por los propios vecinos: refuerzo del transporte con vehículos más pequeños, habilitación de rutas alternativas, incremento de los recursos para acelerar el ritmo de las obras. No se trata de propuestas inviables, sino de medidas razonables que requieren voluntad política y capacidad de gestión.
El problema de fondo es la desconexión. Cuando los ciudadanos sienten que sus problemas no son escuchados, el malestar se convierte en lo que conocemos como desafección. Y eso es lo que hoy se respira en Hadú: una sensación de abandono que no debería tener cabida en una ciudad que aspira a ser cohesionada e inclusiva.
Las administraciones aún están a tiempo de corregir el rumbo. Pero el margen se estrecha.
Porque la paciencia vecinal, como cualquier recurso, también se agota. Y en Hadú, claramente, ya está al límite.
