Para la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, agilizar los trámites no tiene nada que ver con la privatización de los servicios.
Es la diferencia que mantiene con los partidos de la oposición en cuanto a su idea de mejorar la atención a los ciudadanos a la hora de la prestación de determinados servicios que se ofrecen desde su departamento. Es consciente de que tiene un problema importante de personal, y que no se soluciona el mismo trasladando desde otras áreas de la Ciudad Autónoma, porque entonces “sería vestir a un santo para desvestir a otro”. Desde la Consejería de Asuntos Sociales se continuarían tramitando todos los expedientes, pero luego, mientras que el visto bueno tardaría en un espacio entre los tres o seis meses, si se deriva a algunas de las organizaciones que tienen convenios con la Ciudad Autónoma es mucho más rápido.
Si quiere dejar bien claro que no son ayudas monetarias que cobrarían directamente los adjudicatarios, sino que tras estudiar cada caso por parte del personal de Asuntos Sociales, se derivan a estas organizaciones humanitarias.
Se habla de los casos concretos de las tarjetas de compra o el pago del agua y de la luz. En el caso de las tarjetas de compra se las entregan por un valor determinado para que vaya la unidad familiar a un supermercado de la ciudad y haga su compra. Y luego es esa organización la que abona tanto a Acemsa como a la Empresa de Alumbrado el coste del recibo de esa familia. Son medidas lógicas para que no se produzca ningún tipo de picaresca. En definitiva, fórmulas imaginativas para que los ciudadanos pueden tener acceso a las ayudas de una manera mucho más rápida.
