Un grupo de 23 subsaharianos de Camerún y que está detrás de las algaradas ocasionadas en el CETI y, en concreto, detrás de los últimos motines del pasado martes, tuvo que prestar declaración policial en la Jefatura Superior. Así acudieron ayer hasta las puertas de las instalaciones policiales sin provocar problema alguno y facilitando su versión de los hechos ante los agentes. De entrada se les acusa de una nueva falta, al provocar las algaradas que de manera consecutiva tuvieron lugar el martes y que provocaron que buena parte de los trabajadores abandonara el centro.
Esta falta se suma a las denuncias que han ido acumulando por infracciones a la ley 1/92 y que ha dado lugar al dictado y trámite de varios expedientes que siguen su curso en la administración general del Estado y que se traducen en la imposición de multas económicas.
De momento, a las espaldas de estos inmigrantes están estas denuncias, la implicación en otra falta y el delito de desobediencia por el que deberán acudir el próximo 14 de octubre a la Audiencia Provincial. En este último caso deben comparecer por la aplicación de la resolución que dictó el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, el pasado 6 de septiembre pero que ha sido ‘tumbada’ por el poder judicial en dos fallos consecutivos.
El acto por el que ayer se tuvieron que presentar en la Jefatura nada tiene que ver con esta resolución, según comunicó la Delegación del Gobierno.
Mientras se sigue con esta situación, España continúa con los trámites para conseguir la deportación de los originarios de Camerún y Senegal, a los que, ahora, no se puede repatriar a sus puntos de origen.
Ya el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, avanzaba a los periodistas el pasado miércoles que el Estado fija como única salida para quienes llegan ilegalmente al país, su entrega, por la vía legal, a su punto de origen.
Además de esta manera de abordar la inmigración, el Gobierno de la Nación anunciaba ayer medidas para mejorar los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que el Gobierno trabajará para mejorar las condiciones de “seguridad y dignidad” en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla porque cree que estas fronteras tendrían que ser “más adecuadas” a lo que es una relación de vecindad con Marruecos.
Moratinos, que ha comparecido ante la comisión de Exteriores del Congreso, se ha referido a esta cuestión fronteriza, que suscitó ciertas tensiones entre España y Marruecos el pasado agosto y en este contexto ha lamentado las críticas que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el dirigente del PP Esteban González Pons lanzaron entonces contra el Ejecutivo. Sólo añadieron “tensión y alarma” ha dicho el titular de Exteriores, mientras que ha valorado el comportamiento del líder popular, Mariano Rajoy, cuyas declaraciones al respecto fueron, a su juicio, “correctas y equilibradas”. También se ha referido al problema de los derechos humanos del pueblo saharaui y de los activistas y ha afirmado que se está “mejorando” para que los éstos puedan trabajar sin problemas. De hecho, ha señalado, cada vez son más los que entran y salen del Sahara y se desplazan a otros países con “plena libertad”.
Al mismo tiempo ha insistido en que los programas de reunificación familiar los debe también ejecutar el Frente Polisario y no sólo exigirle a Marruecos que los cumpla. Gustavo de Arístegui, por parte del PP, ha hecho hincapié en que Marruecos es una “prioridad estratégica” para cualquier gobierno “sensato” y la relación tiene que sostenerse en el respeto, la claridad y la “firme defensa” de los intereses españoles. Ha reclamado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que haga diplomacia “de seguridad” y no una política partidista que pueda agravar los problemas con el reino alauí.
Igualmente ha señalado que el acto de bloqueo de una frontera, en alusión a los problemas ocurridos en Melilla en verano, es una acción “ilegal” y no le parece “aceptable” que se insulte a la Policía.