Hasta diciembre de 2025, ninguna persona se ha acogido al derecho a la eutanasia en Ceuta. Sin embargo, el criterio de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, conocido recientemente, en defensa de que un familiar pueda oponerse si hay un vínculo "intenso", puede ser de interés público en actuaciones como el caso de Noelia Castillo.
La Fiscalía ha avalado ante el Supremo que parientes íntimos y con un intenso vínculo recurran una eutanasia, lo restringe a terceros y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.
Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.
El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso -paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio-, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.
En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".
Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".
Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".
El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".
En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.
El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.
El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.
Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.
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