Un grupo de marroquíes fue conducido el pasado 6 de septiembre hasta las escolleras del puerto de Ceuta, concretamente en la zona de la explanada de Poniente, con la intención de embarcar en una embarcación que, según la investigación, les esperaba en el espigón para trasladarlos posteriormente hasta la Península.
El episodio terminó en los tribunales y ahora el Ministerio Fiscal solicita un año de prisión para la persona a la que atribuye la organización de este traslado.
Este periódico ha tenido acceso a la calificación fiscal, en la que se sostiene que el acusado habría dirigido al grupo hasta la zona portuaria con la finalidad de facilitar su salida de Ceuta.
La Fiscalía considera que actuó con ánimo de obtener un beneficio económico, aunque el escrito no determina cuál habría sido la cantidad de dinero supuestamente acordada por el traslado.
Según recoge el Ministerio Público, se trataba de personas que carecían de permiso para residir o transitar legalmente por España y que pretendían alcanzar la Península mediante una embarcación que se encontraba preparada para recogerlas. Los hechos son considerados por la acusación pública como constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El procedimiento se produce además en un contexto marcado por la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio a través de la frontera del Tarajal.
Desde entonces, los intentos de abandonar Ceuta en embarcaciones con destino a la Península se han multiplicado de manera exponencial, convirtiéndose en una de las vías utilizadas por quienes permanecieron en la ciudad tras aquel episodio.
La llegada de un elevado número de personas en apenas unos días generó una situación excepcional en Ceuta. Con el paso de las semanas, algunos de los inmigrantes que permanecían en la ciudad han buscado distintas fórmulas para continuar su recorrido, entre ellas los intentos de embarque hacia la Península.
Es precisamente en este escenario donde se sitúan los hechos investigados en esta causa. La Fiscalía sostiene que el acusado condujo al grupo hasta las escolleras para facilitar el acceso a una embarcación que se encontraba aguardando en el espigón.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y solicita para el acusado una pena de un año de prisión. A esta condena añade la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, conforme a lo establecido en el Código Penal.
Además, la Fiscalía se opone a una eventual suspensión de la pena privativa de libertad, al considerar que no concurren los requisitos legalmente establecidos para que pueda acordarse esta medida.
El juicio está previsto para celebrarse en las próximas semanas. Será entonces cuando las partes expongan sus posiciones y se practiquen las pruebas correspondientes, antes de que el órgano judicial determine si los hechos y la participación que atribuye la Fiscalía al acusado han quedado acreditados.
La calificación fiscal constituye la posición del Ministerio Público previa al juicio, por lo que será durante la vista oral cuando deberá determinarse la eventual responsabilidad penal.
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¿Solo? Que vergüenza de país se nos está quedando. Sale rentable delinquir. Como diría Pedrito. "¿De quien depende la fiscalia? Pues eso."