Que el populismo pueda ser considerado como polémico, tiene su propia sustancia de serlo así. Tal como lo implica la denominación de populismo científico, haciendo referencia a los movimientos negacionistas anti-vacuna, anti-mascarilla, anti-distanciamiento, y otras historias más anti-pandemia. Pero además, el populismo está siendo democráticamente oportunista ofreciendo una particular visión atractiva con respecto a la sociedad y a la economía. Y una visión que puede llegar a radicalizarse. Como puede suceder en el escenario del Senado y del Congreso y con respecto al artículo 3 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
La iniciativa promovida por JxCat para ampliar el uso de las lenguas cooficiales en estos escenarios, no es nada neutral ni para el entendimiento y acuerdo social ni para la economía que necesitamos, teniendo ya como tenemos a la inflación encima. Ya que por ejemplo, si establecemos cierto distanciamiento comunicativo, debido a diferentes códigos lingüísticos, en el ya difícil y accidentado entendimiento entre Sánchez y Aragonès sobre la suerte de una población de más de siete millones y medio (dividida en dos), el acuerdo puede ser aún más imposible. Entre otras razonas por la carga populista y separatista que se le puede dar a ese código lingüístico.
La inflación y su efecto por el aumento general de los precios es probable según la OECD que disminuya el crecimiento
De momento esa mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán, además de un enredado referéndum populista a negociar, tiene el cada vez más enrevesado asunto de conceder la amnistía a todos los líderes políticos (solo independentistas catalanes) acusados de delitos relacionados con sus acciones políticas. Con cada vez más turbulencias. Turbulencias como el enorme obstáculo de las divisiones internas del movimiento independentista. Y turbulencias como: el arresto y puesta en libertad de Puigdemont en Cerdeña (arresto por sedición y malversación de fondos públicos); la inculpación de Aragonés de persecución y represión judicial; y la alerta máxima de Torra para los independentistas.
En el escenario de tanta propulsión independentista y tanto desperdicio presupuestario por la causa populista, es relevante la ausencia de un apoyo internacional significativo. Y en el marco de esta ausencia, habría que considerar la participación de Puigdemont en la 33 edición del Festival internacional de cultura catalana (Adifolk). Ya que esta participación está sesgada por su asistencia también a la asamblea Corona de Logu, compuesta de movimientos locales que pretenden también la proclamación de la República de Cerdeña, para independizarse de Italia.
Mientras tanto y en contraste, el escenario de nuestro Estado de Comunidades Autónomas, es significativa la petición de Juanma Moreno a Sánchez. La apertura de una negociación por separado y bilateral con Andalucía (la comunidad más poblada de España), dada la negociación abierta con el Gubern catalán. Ya que no es razonable, argumenta Moreno, que se estén negociando privilegios a expensas de los otros territorios de España.
La transición a un modo de vida descarbonizada requiere un coste económico de acceder a unas políticas verdes y reemplazar tecnologías
Y es que no está el horno para bollos con una economía en proceso de recuperación. A la que le ha sobrevenido la inflación, y que además tiene que afrontar un cambio de modo de vida hacia un mundo descarbonizado y que va a tener un coste económico.
La inflación y su efecto por el aumento general de los precios (alimentación, energía, servicios), es probable según la OECD que disminuya el crecimiento. Sin embargo, habiendo avanzado, en la zona euro, el índice de los precios un 3%, Christine Lagarde (al igual que otros expertos) estima que la inflación será temporal y que decaerá en 2022. Pero ambas son estimaciones frente a lo evidente: que el crecimiento del empleo y los salarios son los que la van a afrontar o apechugar.
La transición a un modo de vida descarbonizada requiere un coste económico de acceder a unas políticas verdes y reemplazar tecnologías. Todo ello dentro de un escenario que el Banco Central Europeo ha calificado, en su reciente análisis, de transición ordenada, en contraste con otros dos escenarios posibles más, pero menos deseables: una transición desordenada, y un mundo con efecto invernadero. En este último escenario los costes serían extremadamente altos a causa de las catástrofes naturales. Y precisamente España es citada en este reciente análisis y entre otros países del sur de Europa (como Portugal o Grecia) con un gran riesgo sistémico frente a estas catástrofes.
