El tráfico de drogas con drones nos trae a la memoria el trasvase de embarcaciones de alta velocidad de hace unas décadas. Nos encontramos que no existe una legislación que prohíba la compra de drones o, mejor dicho, cualquier persona se puede comprar un dron sin necesidad de identificarse donde lo adquiere y, como en los principios de las planeadoras, los narcotraficantes comienzan a maquinar las distintas formas de pase y de asegurarse la droga cuando llega a destino.

Este último apunte -asegurarse la droga- es importante resaltarlo, porque no es la primera vez que los narcos apedrean a los guardias civiles cuando se acercan para intervenir drones o para identificar a donde se dirige el aparato. Es, como decíamos, la historia interminable; antes eran lanchas, ahora drones y lanchas.

Los drones han venido para quedarse, para sustituir a los motores humanos en los pequeños pases de hachís y, sobre todo, para reducir gastos a los capos de estas organizaciones. Este apunte debe servir para tomarnos el problema con la seriedad que debemos, sobre todo porque además de transportar droga pueden servir para cualquier actividad ilícita y peligrosa para la seguridad ciudadana.

En la operación Rond-Hornet, explotada por la Guardia Civil en nuestra ciudad, se intervinieron cuatro drones con capacidad para soportar hasta 25 kilogramos de peso, una cantidad nada desdeñable, sobre todo si la contraponemos con los 13 kilos de hachís que le han sido intervenidos a un nadador esta misma semana, pero con una particularidad, en el caso del nadador la organización tiene un desgaste económico y social importante porque debe ayudar al detenido en prisión, incluso a la familia que deja desatendida. Un desgaste que la organización no tendrá con la utilización de drones.

Esta es la situación a la que nos enfrentamos a un lado y otro de la frontera, porque el vecino país sabe, y si no lo sabe ya se lo apunta AEGC, que los aparatos se están utilizando para trasladar otras sustancias estupefacientes hacia Marruecos y, por tanto, el negocio de los drones es muy suculento a un lado y otro de las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Nada de lo que denunciamos es un invento, porque en la operación Rond-Hornet, antes mencionada, se pudo intervenir y comprobar que la organización criminal tenía 1.920 pastillas de Rivotril empaquetadas para transportarlas a Marruecos.

Luchar contra estas organizaciones es nuestra obligación y, desde AEGC, alentamos y aplaudimos la implantación del sistema Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) que sirve, entre otras cuestiones, para detectar los drones y anular su vuelo parando el motor. Pero lamentablemente es insuficiente, porque en AEGC creemos necesario y reclamamos una legislación que exija la identificación de las personas que adquieren estos aparatos, sobre todo los que pueden soportar un peso importante, incluso la prohibición de venta si no existe un motivo que justifique la utilidad de su uso, porque como ocurre con las embarcaciones de alta velocidad, estos aparatos sin una legislación eficaz que impida su libre adquisición sólo servirán para poner las cosas más fáciles a los delincuentes y, mucho más difícil, a los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Legislar para no tener que lamentar, ese el dilema y, sobre todo, la obligación de los que tienen el deber de protegernos.