Ceuta también tuvo su rosal de mujeres inculpadas por los golpistas de Franco por, qué paradoja, “auxilio a la rebelión”. Si el de Madrid dio 13 flores, las jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 por los franquistas en la capital como “responsables de un delito de adhesión a la rebelión”, el de la ciudad dio 15. Nueve de ellas fueron condenadas en un Consejo de Guerra a entre 12 y 20 años de prisión.
Se llamaban África Olmedo Almon, de 20 años; Ana María Carrasco Medinilla, de 59; Ana Martín Guillén, de 21; Ana Pérez Padín, de 31; Ana Sánchez Muñoz, de 26; Carmen Clavijo Salas, de 25; Carmen Jurado Arman, de 25; Carmen Ruiz de Diego, de 46; Concepción Jiménez Ruiz, de 33; Concepción Toro Ruiz, 33; Dolores Campos Gavilán, de 25; Dolores Sánchez Muñoz, de 28; Isabel Rodríguez Castaño, de 54; María Borrego Bermúdez, de 27, y María del Carmen García Ruiz, de 43.
El investigador ceutí Francisco Sánchez rescata su espinada historia en ‘Mujeres ceutíes olvidadas. Represión, cárceles y fusilamientos (1936-1958)’, que presentará el próximo 1 de marzo en la Biblioteca Pública del Estado.
“El 15 de julio de 1938 comenzaron a ser investigadas un total de 46 mujeres después de una masiva detención planteada como medida disuasoria frente a las hipotéticas actividades de reconstrucción de los partidos en la ciudad”, recuerda el autor del libro que publicar Editorial Avant.
Se las culpó, entre otras cosas, de participar en la manifestación del 1 de mayo de 1936, de pertenecer a formaciones de izquierda y, sobre todo, de militar en el Socorro Rojo Internacional. Con esta voluminosa causa, los sublevados “demostraban que, por cualquier circunstancia por mínima que fuera, podían acusar a cualquiera de ‘auxilio a la rebelión”.
Según Sánchez, muchas sufrían por “partida doble”, ya que “sus maridos, compañeros o familiares estaban detenidos o habían sido fusilados”. Cuando las primeras detenciones tuvieron lugar, el clima de terror en la ciudad ya era “notorio”, pues al margen de cientos se arrestos se había ejecutado a 222 hombres y dos mujeres.
El encausamiento de las ‘15 rosas ceutíes’ estuvo motivado por la incautación de sus libros de militantes al presidente local del Socorro Rojo (un servicio social internacional organizado por la Internacional Comunista), José Torres, que fue fusilado en 1936.
La mayoría vivía en el barrio de Las Latas y fueron citadas a declarar en el juzgado militar ubicado en la glorieta junto al paseo de Colón. Tras hacerlo quedaron en libertad con la prohibición de abandonar la ciudad y la obligación de personarse en esas dependencias cada martes.
Se las inculpó por fotos en las que llevaban una camisa azul con el emblema del PC bordado, visitar la cantina de un diputado socialista, movilizarse el Día del Trabajo o “llevar siempre una flor roja de papel en la cabeza”.
El Consejo de Guerra sumarísimo tuvo lugar el 10 de mayo de 1939 y se nombró a dos tenientes de Artillería como defensa. El tribunal estuvo presidido por el coronel Ladrón de Guevara.
El fiscal leyó las acusaciones y, tras algunas preguntas de rutina, la vista se suspendió durante diez minutos pasados los cuales el fiscal volvió a tomar la palabra y detalló los cargos, los mismos para las quince: pertenecer a partidos de izquierda, ir al 1º de Mayo o hacer reuniones en sus casas.
“Las nueve condenadas”, explica Sánchez, “fueron esposadas y conducidas a la cárcel de mujeres del Sarchal. Allí, en la puerta de la prisión, se encontraba el director Manuel Fernández, que se hizo cargo de ellas. El 15 de junio se dio cuenta al Tribunal de Responsabilidades Políticas para que comenzase la depuración con diferentes multas, la represión administrativa”.
Después de unos meses en Ceuta se las llevaron a diferentes lugares de la península en lo que el investigador describe como “el principio de un calvario de penal en penal”. El primero solía ser el de Málaga; después, Madrid, Gerona o Bilbao.
“La incomunicación, las escasas visitas, el desánimo y la enfermedad definieron sus vidas durante largo tiempo y esa situación se agravaba con el traslado fuera de Ceuta, parte de esa estrategia de castigo continuo del franquismo”, analiza Sánchez, que destaca que el alejamiento de su entorno “era una táctica que buscaba su hundimiento psicológico y físico”.
Así, “en aquellos inmundos penales peninsulares, enfermaban, se contagiaban unas a otras de tifus, o tuberculosis, debilitadas por la falta de medicinas, comida y productos de higiene”.
María del Carmen García fue condenada en el Consejo de Guerra que también encausó a las otras 14 rosas de Ceuta a 20 años de cárcel, aunque recibió la libertad provisional en 1940 y pudo volver a su casa del Sarchal, donde según Sánchez era “muy apreciada por los vecinos”.
Debía comparecer periódicamente en las dependencias policiales de la plaza de los Reyes y mantener un comportamiento que no pudiese ser objeto de reproche por el régimen dictatorial, pero en mayo de 1941 la Policía fue a su vivienda. Un vecino la denunció asegurando haberla oído decir: “En vez de matar a su compañero, tenían que haber fusilado a Franco, y el día que cambien esto…”.
Tras cuatro días en los calabozos volvió a ser encarcelada y sometida en febrero de 1942 a un Consejo de Guerra que le supuso otra condena de 12 años. Fue indultada en 1947.
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