-
La recuperación de la promoción de viviendas de Huerta Téllez se llevó a cabo bajo la dirección de un coordinado dispositivo policial que venía respaldado por la autoridad judicial
-
Los okupas protestaron al verse sin las casas que habían usurpado hacía casi un mes. Arrojaron sus pertenencias por las ventanas
-
Los inmuebles están destrozados
Eran poco menos de las 9.30 horas cuando dos unidades de la Policía Local se posicionaban estratégicamente a la entrada y salida de la promoción de Huerta Téllez. Algunos de los okupas se asomaban a las ventanas, previendo que algo se estaba gestando. Otros se apostaban en la calle, teléfono móvil en mano, mientras que había los que se aproximaban varios metros hacia donde se encontraban los agentes para informar a sus compañeros de lo que parecía el preparativo de un desalojo. Vía whatsApp llegaban más datos: “Hay muchos policías a las puertas del ambulatorio José Lafont, todos preparados”.
Y sí algo efectivamente se estaba preparando porque el Juzgado de Instrucción número 3 había dado la orden de ejecutar el desalojo de la promoción. A las 9.50 comenzó a aparecer una hilera de vehículos de la Policía Nacional: UPR, guías caninos, UDEV... también agentes desplazados de la península para reforzar la plantilla local. En total 120 apoyados por policías locales y miembros de la UIR. Gritos desde las ventanas, avisos, carreras... así empezaba a escribirse, casi un mes después de su ocupación, la operación de desalojo más importante llevada a cabo por la Policía en Ceuta.
Todos los accesos a la promoción fueron acordonados y se impidió el acceso de vecinos de la zona hasta las inmediaciones, advirtiéndose del riesgo de que se pudiera arrojar algún objeto contra los agentes. Mientras las 206 viviendas era tomadas por la Policía, el IES Clara Campoamor seguía sus clases y el tráfico era desviado para no entorpecer nada del operativo. Trabajadores de comercios y naves cercanas seguían al detalle todo lo que estaba sucediendo.
Puerta a puerta, mandato judicial en mano, los agentes identificaron a todos los okupas a los que ordenaron su desalojo sin mediación alguna. La orden era clara: sí o sí tenían que abandonar las casas. Los okupas fueron arrojando por las ventanas sus pertenencias: llovían alfombras, bolsas con ropa, colchones, juegos... hasta muebles que hacía unas horas habían servido para adornar unas casas usurpadas que han podido ser recuperadas para sus legítimos propietarios.
La Policía se esmeró en ‘censar’ a todas las personas porque tendrán que comparecer en calidad de investigadas por un delito de usurpación, ya que existe un procedimiento judicial abierto que derivará en juicio.
“Esto ha sido una vergüenza, nos han sacado a la calle con nuestros hijos”, exponía una de las okupas a las cámaras de los medios de comunicación. “Estaba en casa de alquiler, no tenía nada, estaba en la calle con mis hijos. Cuando hay una oportunidad nos metimos en la casa y ahora nos sacan de aquí. Tengo cuatro hijos y mi marido lleva siete años sin trabajar. Vamos a ir a la casa de Juan Vivas para que sepa quiénes somos”, añadió.
La ocupación se llevó a cabo con la participación coordinada de todos los agentes bajo la dirección de Seguridad Ciudadana, sin que se produjeran incidencias de peso, aunque no por ello faltaron las protestas de los okupas por la manera en que se había ejecutado.
“Mi madre es madre soltera, con tres hijos, nadie le ayuda. Entramos porque nadie nos ayudaba, incluso para optar a una VPO tienes que pagar porque esta ciudad está llena de corruptos. Solo queremos una vivienda digna como cualquier español. Nos han dejado en la calle como perros, nos tratan como animales. Si tenemos que dormir a las puertas de la casa de Juan Vivas lo haremos. Estamos rodeados de ladrones”, añadía otra mujer. “La Policía se ha portado bien con nosotros, ellos son unos mandados. Me da vergüenza ser española en estos momentos”, apuntó.
“Nosotros queríamos pagar un alquiler social, pero nadie nos ha hecho caso. Aquí no ha venido ninguna asistencia social a ver a nuestros hijos y ahora se presentan con una orden judicial y nos echan. Lo que yo me pregunto ahora es qué harán con estas viviendas. Nosotros somos familias que solo pedimos derechos, llevan más de diez años vacías y nadie había movido un dedo. Ahora que nosotros nos metemos nos echan y se preocupan. No han hecho más que mentir, nosotros no nos hemos negado a identificarnos. Nos han hecho una trama... ahora queremos saber quién se ha querellado contra nosotros porque nos dan una orden y no sabemos qué hacer. ¡Qué voy a hacer con mis hijos ahora en la calle! ¡Quién es el juez que ha dado esta orden! Esto ha sido una chapuza, nos echan a la gente a la calle de una patada y no mandan ni ambulancias. Aquí hay niños, embarazadas y no ha venido ni una ambulancia. Nos hemos metido en casas aptas para vivir, no le hemos quitado nada a nadie, solo queremos una vivienda social, qué tengo que hacer para dar una vida digna a mis hijos, ¿robar? Con mi trabajo cómo voy a pagar un alquiler... esto nadie lo pregunta, ni la asistenta, ni el protección del menor... nadie”, expresó indignado otro de los desalojados.
Y así, entre declaraciones todas en un mismo sentido, entre quejas y protestas por lo ocurrido, las familias al completo iban abandonando las casas sacando materiales en sus manos mientras que otros ya los habían arrojado por la ventana.
La Policía fue subiendo planta por planta para desalojar a todos porque tenían la encomienda de hacer cumplir la orden judicial, mientras que en el exterior agentes con material antidisturbio controlaban todas las inmediaciones para evitar cualquier tipo de altercado.
Había gran cantidad de niños a pesar de que la hora en que se dio orden de actuar a la Policía se había dispuesto después de la entrada escolar. Todos ellos fueron abandonando el lugar junto a sus padres y familiares.
Ahora el promotor responsable de esta promoción tendrá que hacer valer el auto del juez para asumir las garantías mínimas de seguridad en toda la promoción evitando que vuelva a producirse otra ocupación masiva.
El 25 de septiembre, cuando se llevó a cabo el desalojo durante toda la jornada, solo había un vigilante de seguridad. Ahora se le ha instado a que garantice más presencie y adopte medidas que impidan la entrada en las casas.
Después de todas estas semanas Huerta Téllez vuelve a dejar de ser una promoción usurpada aunque presenta una amplia mayoría de casas con las puertas destrozadas y los garajes con cadenas por fuera. Buena parte de estas viviendas han sido objeto de saqueo y han desaparecido de su interior material perteneciente a cuartos de baño o de otro tipo.
Ahora el procedimiento judicial abierto sigue su curso y se irá notificando a todos los que han entrado en las casas para que declaren. Si incurrieran en otra acción similar se actuaría también contra ellos.
Increíble, han ocupado lo que no es suyo, han destrozado los inmuebles según todas las informaciones y encima se consideran victimas?? ¿Las victimas no son los legítimos dueños de esas viviendas?