El Ministerio de Derechos Sociales va a fijar en 132 el máximo de menores extranjeros no acompañados que tiene capacidad para acoger y atender Ceuta. Los criterios establecidos en los documentos con los que trabaja el Gobierno central parten de que la Ciudad Autónoma puede tutelar en condiciones idóneas a 88 niños migrantes solos, aunque dicho número sería ampliable hasta un 50% en situaciones extraordinarias de forma transitoria.
La cifra total, 132, es ligeramente superior a la que desearía haber establecido, un centenar, el Ejecutivo local, según ha explicado este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno de Vivas, Mabel Deu, a los grupos de oposición en la reunión del grupo de trabajo que sobre menores no se reunía desde hace casi dos años.
La administración autonómica, que tiene esas competencias desde 1999, tutela actualmente a 312 menores extranjeros no acompañados: 78 en el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza con atención directa y el resto externalizada con SAMU (111 en Piniers) o Engloba (47). Solamente durante los dos últimos meses se ha registrado la entrada de 75 niños sin compañía, 20 en junio y 55 en lo que va de julio.
La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia prevé aprobar este miércoles por fin un Mecanismo Nacional de Derivación que, atendiendo a criterios objetivos, sirva para hacer frente a contingencias extraordinarias como las que durante los últimos años han tenido lugar en Canarias o, en mayo de 2021, en Ceuta, que tuvo que hacer frente a la acogida en apenas 48 horas de más de 1.200 niños.
Tanto Vivas en la última Conferencia de Presidentes como Deu en distintos foros han venido solicitando al Estado y el conjunto de autonomías “mecanismos nacionales de contingencia para responder cuando surjan determinadas crisis que pongan en riesgo las capacidades para responder debidamente a una gran presión” y estrategias pactadas “de reparto equitativo, justo y solidario” de migrantes entre regiones, especialmente si se trata de menores no acompañados, para responder a llegadas multitudinarias como la que registró la ciudad en mayo del año pasado.
La jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, lleva años trabajando para conseguir “una Estrategia Integral de niños, niñas y adolescentes en movimiento que priorice la protección de sus derechos en contexto de migración y constituya un marco de actuación con criterios y estándares consensuados de calidad”. Tampoco ha dejado de pelear por “un mecanismo nacional de derivación para hacer frente como país y desde la corresponsabilidad y la solidaridad a la llegada de personas menores de edad a los territorios ubicados en la frontera sur que desborda su capacidad de acogida y atención con unos criterios claros de reparto que podrían contemplar ingresos fiscales, población, índice de desempleo...”.
Desde su punto de vista, según indicó en unas jornadas del CGPJ, su puesta en marcha debería llevar aparejada la creación de “un órgano coordinador y centralizador de la información, de las actuaciones y del seguimiento necesario para la realización del principio de solidaridad a través de una actuación homogénea y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad entre los ciudadanos”.
Diferentes entidades como UNICEF o Save The Children también llevan mucho tiempo urgiendo a la administración a concretar un sistema de repartor de menores extranjeros no acompañados basado, en primer lugar, en el interés superior del niño, y en un proceso individualizado según cada caso que pondere factores demográficos o socioeconómicos (por ejemplo, la tasa de paro en cada región) junto a la existencia de recursos apropiados y estables de acogida inmediata.
El Congreso de los Diputados aprobó este mismo mes una propuesta de resolución del PNV instando al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que respaldaron la iniciativa en la Cámara Baja, a fijar con las comunidades autónomas unos criterios claros para el reparto de los menores extranjeros que llegan solos a España, así como a impulsar medidas para evitar su estigmatización.
La Ciudad Autónoma ha visto aumentar desde 2,3 hasta 5 millones este año las aportaciones del Estado para mejorar la financiación de las competencias de Menores y sufragar una atención integral en Ceuta u otras regiones, cantidades que el Ejecutivo local espera que se consoliden para ejercicios venideros.
Durante 2022 se prevé el traslado a otras autonomías de 60 niños actualmente tutelados por la administración local, así como que 48 cumplan los 18 años y salgan del sistema de protección. En 2023 se espera derivar a la península a 32 más.
Deu ha explicado a los grupos políticos con representación institucional que el proyecto de construcción de un centro de menores específicamente diseñado para tal fin está en fase de redacción. Se levantará sobre el solar de la antigua prisión de Los Rosales con 6,3 millones de euros de financiación europea y contará con módulos residenciales tanto para niños como para niñas y espacios de primera acogida. Dispondrá de unas 125 plazas de capacidad máxima.
Comisión especial para analizar la evolución en el Área de Menores
La vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, ha coordinado este miércoles una reunión con todos los grupos políticos enmarcado en los encuentros que, desde su creación en 2019 por acuerdo del Pleno de la Asamblea, ha celebrado la comisión especial para analizar la evolución en el Área de Menores.
En la Comisión, que se ha desarrollado en la Sala Isidro Jarque del Palacio de la Asamblea, la vicepresidenta ha dado cuenta de la situación actual tras la pandemia de la Covid-19 y, muy en especial, tras la emergencia vivida por Ceuta a consecuencia de la entrada masiva de los días 17 y 18 de mayo del pasado año.
Además, la consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales ha presentado un informe en el que se detalla la gestión de Ciudad para afrontar lo sucedido, así como el coste generado para poner en marcha, con la máxima celeridad, hasta cinco recursos para poder atender a los menores extranjeros no acompañados y cubrir sus necesidades básicas, contando asimismo con el apoyo de distintas entidades sociales.
Esta reunión se ha celebrado de manera previa al próximo traspaso de la competencia del Área de Menores a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, que se hará efectivo una vez se publique el correspondiente decreto en el BOCCE. Este cambio en la estructura del Gobierno de la Ciudad seguirá complementándose con la coordinación transversal entre las distintas consejerías que componen el Ejecutivo y de manera conjunta con la Administración General del Estado.
Hasta que no se tomen medidas y se devuelvan a su país el problema seguirá engordandose hasta que un día reviente.
325 x. 2250 euros al mes... 721.250 euros al mes...mas de 8'5 millones de euros al año.... Vamos, un chollo. Y luego pensiones de 450 euros....
Y luego esta gente nos echa en cara que dejamos a nuestros mayores en residencias...si, pero por menos atendidos y el mismo nombre lo dice, en residencias, no tirados en la calle.
Se tendría que fijar en 0 y que estuvieran en su país de origen con o sin sus familias