Los Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) han decidido excluir al alumnado y a sus familias del Consejo Social del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) creado oficialmente a finales de mayo y con sede en las antiguas dependencias del IES Puertas del Campo por desglose del mismo. Según denunció ayer la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), de esta forma “se vulnera no solo la legislación vigente, sino la propia Constitución, que establece que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos tienen derecho a intervenir en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”.
En lugar del Consejo Escolar de los Institutos de Enseñanza Secundaria, los Centros Integrados de FP tienen un Consejo Social formado por representantes de la administración, del centro y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
La Orden de creación del CIFP número 1, que es como se denomina formalmente el de Ceuta, establecía que debía constituirse “antes de la finalización del curso 2021-2022”, pero a falta de Reglamento Orgánico de Centro la administración ha ido parcheando el camino como ha podido.
El ejemplo paradigmático del desbarajuste se dio con el nombramiento de su directora, Milagrosa Pérez, para la que se habilitó una especie de “interinidad” habida cuenta de que para su designación formal está prescrito que hay que escuchar al Consejo Social que no existe.
Dicho órgano colegiado debe estar formado por hasta 12 personas: un tercio representantes de la administración, otro del centro y el resto de las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias.
La Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Formación Profesional han utilizado las Instrucciones que han dictado para el curso 2022-2023 como soporte para regular de qué manera se constituirá ese “órgano de participación de la sociedad” del que, paradójicamente, se aparta a una parte fundamental de su comunidad educativa.
El Consejo Social del CIFP de Ceuta estará formado por tres personas designadas por la directora provincial del MEFP y el titular de la Dirección del Centro, que también ejercerá como presidente.
Otros dos miembros representarán a las organizaciones empresariales (previsiblemente a la Confederación de Empresarios de Ceuta y a la Cámara de Comercio, aunque esta última no tiene la condición de representativa) y a las dos organizaciones sindicales con más peso en la ciudad (UGT y CCOO).
El tercio formado por cuatro asientos para “representantes del centro” se asignan a “tres docentes elegidos entre los elegibles del Claustro” y uno a alguien “del personal laboral adscrito”.
En FECCOO no entienden “ni que se excluya a las familias, por mucho que en un centro con estas características para haber una parte significativa de los estudiantes que haya cumplido los 18 años” ni, mucho menos, que se haga lo mismo con todo el alumnado, que se queda sin derecho a voz ni voto.
Los representantes de los profesores en el Consejo Social serán elegidos por el Claustro de docentes y en el seno de este. El voto será́ directo, secreto y no delegable. Serán electores todos los miembros del mismo y elegibles aquellos que se presenten como candidatos. El desempeño de un cargo directivo se considera incompatible.
De acuerdo con las Instrucciones del Ministerio, el Consejo Social quedará constituido “por un periodo de dos cursos lectivos a contar desde el curso 2021-2022 incluido, salvo que por disposición normativa se dicte lo contrario”. Tras este periodo de tiempo “deberá renovarse por completo”.
El Centro Integrado de Formación Profesional de Ceuta pretende ser “un referente orientador para el sector productivo y la formación profesional de la ciudad, facilitar la integración de las ofertas de formación profesional y optimizar la efectividad de los recursos humanos y materiales disponibles”.
Su oferta formativa incluye, de momento, enseñanzas de las familias profesionales de Administración y gestión, Comercio y marketing e Informática y comunicaciones; así como acciones formativas de inserción, reinserción laboral y formación permanente en el ámbito de las mencionadas.
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