El controvertido asunto de la escolarización de los ya conocidos como ‘los niños de Digmun’, debería servir para extraer conclusiones útiles sobre determinadas reformas legislativas que es preciso acometer con urgencia para evitar desajustes muy perniciosos que siempre terminan vulnerando derechos de los más débiles.
Todos los partidos políticos repiten hasta la saciedad que Ceuta es una realidad singular, muy compleja, y sin parangón en el conjunto del Estado. Y es verdad; sin embargo este reconocimiento no viene acompañado de la adecuación de la legalidad vigente a esta realidad. A partir de ahí, todo queda en manos de la interpretación que cada administración (y en muchos casos cada funcionario) hace de los preceptos normativos. Una inseguridad jurídica inaceptable en un Estado de derecho porque es intrínsecamente contradictoria con la naturaleza de éste.
Por sí aún queda algún ciudadano que no conozca los hechos, haré un breve resumen. Existe en nuestra Ciudad un colectivo de niños y niñas en edad escolar que el Ministerio de Educación se niega a escolarizar alegando que “no reúnen los requisitos” para ello. Según la ley, el MECD tiene la obligación de escolarizar a todos los niños y niñas residentes en España (no especifica el régimen de esta residencia); pero el Ministerio “interpreta” que la residencia debe quedar acreditada con el “certificado de empadronamiento” que expide el Ayuntamiento. En otros lugares de la península, un simple “bono de autobús” sirve para demostrar la residencia (la explicación es que en otros lugares no hay personas que repartan su residencia efectiva entre dos países y en Ceuta, sí; aquí un contrato de alquiler, o algo similar, sólo demostraría que esas personas pasan algún tiempo en Ceuta, pero no que residen…).
Cuando estas familias solicitan el empadronamiento, se les deniega, a pesar de residir efectivamente desde hace años. Segunda “interpretación”. La ley que regula el empadronamiento es muy simple. No está muy desarrollada, entre otros motivos, porque el empadronamiento es un instrumento meramente estadístico que no genera derecho alguno. Lo único que exige la ley es acreditar la residencia (y exigir como obligatorio el número del permiso de residencia en el caso de los extranjeros); pero añade: “cuando la administración tenga dudas, podrá requerir cuanta información sea precisa para acreditar esta circunstancia”. Agarrándose como un náufrago a esta duda (que se prejuzga sistemáticamente en determinados casos por instrucción política no escrita), el Gobierno ha urdido toda una estratagema subterránea e inconfesable para obstaculizar al máximo el empadronamiento de estas personas, hasta disuadirlas de su pretensión. El resultado de esta diabólica interpretación bilateral de normas sencillas concebidas para garantizar derechos constitucionales básicos es, precisamente, lo contrario.
Esta es una situación que no se puede asumir bajo ningún concepto. Nos obliga a una reflexión proactiva. La premisa de partida, axioma en un sistema democrático, es que si una decisión administrativa termina vulnerando un derecho fundamental de un menor, es que esa decisión es incorrecta. No se trata con ello de simplificar el problema (real) o declinar responsabilidades. Justo al contrario. Aceptando que las normas no están redactadas pensando en la casuística que se genera en Ceuta, lo que hay que hacer (urgentemente), es promover los cambios precisos que exceptúen Ceuta (y probablemente Melilla) de la legislación general aplicable. Será necesario ajustar la concesión de permisos de residencia a una realdad transfronteriza, regular más exhaustivamente el procedimiento de empadronamiento y concretar los requisitos de escolarización de los menores de manera específica para Ceuta y Melilla; haciendo compatible el espíritu de la ley con el carácter fronterizo (y todo lo que ello conlleva) de ambas ciudades.
Lo que no se puede aguantar, ninguna conciencia decente puede aguantar, es un niño o niña de diez años excluido forzosamente de un aula. Toda la maquinaria del Estado contra un niño o niña de diez años, que sólo quiere estudiar. Mil veces no.
