En noviembre de 2021 la Guardia Civil asestaba un duro golpe al negocio de los narcodrones en Ceuta. Aquella operación, bautizada como Etxea (casa en euskera), se saldó con 14 detenidos.
Ahora la Fiscalía solicita hasta 8 años de prisión para el presunto cabecilla de esta organización criminal y uno menos para el resto. Es la primera calificación provisional que realiza el Ministerio Público en torno a la operatividad de los narcodrones y a su contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta.
El trabajo desarrollado por la Guardia Civil puso en evidencia la existencia de una organización que había burlado las trabas de tener una frontera cerrada y se dedicaba a traer hachís de Marruecos a Ceuta así como a trasladar pastillas de la ciudad al vecino país, especialmente Rivotril y Tranquimazin.
Se servían de drones, los llamados Remotely Piloted Aircraft System, y disponían de una estructura perfectamente organizada en la que cada integrante desempeñaba un rol concreto. Si los drones eran inhibidos por la Benemérita la red era capaz de sustituir esos elevadores con rapidez. El negocio era próspero.
El tráfico de drones constante les estaba generando cuantiosos beneficios. La organización se sentía impune y coordinaba la mayoría de las salidas de elevadores cargados de droga desde una casa ubicada en el corazón del Príncipe, de ahí el nombre de la operación.
Durante meses los investigadores del Instituto Armado intentaron captar los puntos de salida de los narcodrones: una vivienda en el zoco, otra en el antiguo Poblado Legionario y varias zonas más de la barriada del Príncipe.
Algunos de los elevadores inhibidos meses antes de activarse el operativo son atribuidos a esta red. Así, la Fiscalía llega a citar hasta 8 pases abortados. Un narcodrón fue intervenido cerca del fuerte del Príncipe en julio de 2021 con 1.500 pastillas de Rivotril prestas a ser enviadas a Marruecos.
El 24 y 31 de agosto fueron interceptados dos drones, uno cerca de la valla y otro en el perímetro de la prisión. En sus cargas se halló hachís y más de mil pastillas.
Curiosamente quienes controlaban esos drones siempre eran las mismas personas, las que ahora figuran en el escrito de calificación del Ministerio Público como responsables de un delito de tráfico de drogas y otro de organización criminal.
Algunos son conocidos en el ámbito delincuencial como el apodado ‘Laika’ o el mismo ‘Piolín’, aunque en este último caso la propia Fiscalía ha pedido su sobreseimiento al no quedar probada su participación en este negocio.
En septiembre, octubre y noviembre la Benemérita siguió inhibiendo drones que asocia a esta organización. Uno, el 18 de septiembre con hachís que despegó de la zona del antiguo Poblado Legionario; otro el día 25 de ese mes que fue inhibido en la parte de la valla y otros en días posteriores cargados con pastillas.
La organización hubiera seguido alimentando este negocio entre fronteras, suministrando elevadores, baterías, cargadores… Lo hubiera hecho de no ser porque el 2 de noviembre de ese año la Guardia Civil decidió reventar la ‘Etxea’ contando con las órdenes de entrada y registro.
Aquella madrugada de lluvia los agentes entraron a la vez en varias viviendas del Príncipe, en concreto en Maestra María Jaén, Agrupación Fuerte y antiguo Poblado Legionario.
La primera casa era utilizada para las labores de pilotaje de drones, las otras pertenecían a dos de los acusados y desde allí se controló la salida de algunos de los elevadores de acuerdo con los seguimientos que hizo el Instituto Armado.
En los registros la Guardia Civil encontró útiles relacionados con la actividad delictiva a la que se dedicaban los acusados, tales como mandos de drones, baterías, cinta aislante o hilos para cargar la droga en las aeronaves.
Con ocasión del registro encontraron a uno de los acusados haciendo labores de vigilancia ya que iban a preparar ese mismo día más salidas. De hecho horas antes de la operación, la Benemérita había detenido a tres de los acusados con casi 25.000 pastillas en una furgoneta en el Monte Hacho cuando esperaban la llegada de una patera con 67 kilos de hachís para hacer el intercambio de drogas. Aquel servicio precipitó la intervención de los agentes.
Las peticiones de cárcel formuladas de manera provisional por la Fiscalía se elevan a 8 años para el considerado cabecilla del grupo, M.L.M. por organización criminal y tráfico de drogas.
Estas penas se reducen a 5 años y medio por delito contra la salud pública y 1 año y 7 meses por organización criminal para todos los demás, identificados como M.L.H., M.E.K., I.M.A., A.K., Z.A., M.A.A., A.M.A., M.Y., R.L., B.M., S.A.E. y M.O.A.
En el caso de uno de los acusados el Ministerio Público pide el sobreseimiento.
Esta es la primera calificación conocida que tiene que ver con el negocio de los narcodrones que se hizo próspero en época de la pandemia, cuando los narcos tuvieron que buscar fórmulas para mover droga teniendo el Tarajal clausurado.
La Fiscalía considera que se está ante una organización criminal que cuidaba todos sus detalles tanto para la salida de los drones como para llevar a cabo los pagos. Para la Guardia Civil fue complicado hacer seguimientos en una barriada en donde se vigilaba cualquier incursión desconocida.
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