La Mesa de Diálogo Social se da 2 semanas para decidir sobre Schengen y la Unión Aduanera

La Mesa de Diálogo Social de Ceuta que integran el Gobierno local, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO se ha dado este jueves menos de dos semanas, hasta el próximo 5 de julio, para intentar fijar una postura común sobre dos de los grandes retos que tiene la ciudad para su futuro: si pedir o no su integración en la Unión Aduanera y si reclamar la supresión de la excepción de Schengen que hasta 2020 permitía la entrada de marroquíes residentes en la provincia de Tetuán sin visado.

Al término de la reunión, que se ha prolongado durante más de 90 minutos y que no se celebraba desde la constitutiva de octubre, algo que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha atribuido a la renovación de liderazgos en la patronal, la miembro del Ejecutivo local ha elogiado el “talante” de todas las partes y su vocación de “diálogo” y de “trabajo para mejorar la vida de empresarios y trabajadores en Ceuta”.

En el encuentro se ha detallado a los agentes sociales el informe presentado a principios de mes en Bruselas con una auditoría de 'Ernst & Young' sobre los pros y contras de entrar en la Unión Aduanera, asumir todo el acervo de Schengen o pedir a las instituciones comunitarias un régimen asimilable al de región ultraperiférica, pasos que el Gobierno de Vivas ya ha resuelto que quiere dar sin las dudas que todavía lastran al PSOE.

“Vamos a ver si es posible adoptar una conclusión clara con respeto a los tres puntos analizados, que según [el eurodiputado Jordi] Cañas debían ser objeto de un debate civil, pero nos queda un trabajo de relevancia por hacer para el futuro de Ceuta”, ha apuntado Chandiramani. En 2020 tanto los representantes de los empresarios como los de los trabajadores se posicionaron en contra de entrada de cambios como el de limitar la entrada de marroquíes sin visado, la condición con la que se ha reabierto de hecho la frontera hace algo más de un mes.

A propuesta de los sindicatos el Gobierno se ha comprometido a pedir al Ministerio de Trabajo que incluya como una obligación legal para todas las empresas que presten servicios en Ceuta el pago del plus de residencia. “Estamos de acuerdo y así lo vamos a hacer”, ha avanzado el Ejecutivo, que ha dejado a patronal y centrales de clase abordando de manera “amigable” la necesidad de actualizar algunos convenios como los de Hostelería, Comercio y Construcción, así como redactar algunos de ámbito regional para sectores como Oficinas o Despachos y Sanidad Privada, que carecen de ellos.

La consejera ha explicado que en la cita se ha abordado también el destino de los fondos europeos que ya ha recibido la Ciudad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el programa 'Siguiente Generación', más de 50 millones que de momento se han repartido así: 17 para infraestructuras sociales, 10,6 para turismo, 6,3 para itinerarios de inserción laboral, 4,1 para rehabilitación de edificios y construcción de nuevas viviendas, 2,4 para economía circular, 3,8 para movilidad y eficiencia energética y otros tantos para mercados.