El nuevo sistema de bonificaciones es "inaplicable de facto"

Las dos primeras semanas de vigencia del nuevo sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que cambió el anterior del 50% por otro de cantidad fija de 262 euros solo para contrataciones indefinidas con varias exclusiones, tiene espantados al Gobierno de Ceuta y a los agentes sociales, que consideran que es “inaplicable” y amenaza con dinamitar la transformación del modelo económico local hacia otro basado en pilares “digitales, verdes y azules” de “alta productividad”.

“Más que una modificación, supone una derogación de facto”, se alerta en el borrador de documento en el que trabaja el Ejecutivo local, la patronal y los sindicatos para intentar aprobarlo este jueves y, una vez puesto en común con Melilla, elevarlo al Gobierno central para solicitar formalmente “la vuelta al sistema anterior que figuraba en la Disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.

Aunque el escrito no incluye números, la administración local ha sondeado a las principales asesorías locales y se ha encontrado con que donde antes se firmaban unos 45 contratos por semana ahora se rubrica una cuarta parte de la que habas contadas, “menos de un 5%”, se benefician de las nuevas bonificaciones.

“Supone una derogación de facto del sistema introducido en 2004 y mejorado en 2012; el sistema de subvenciones establecido para compensar los casos en que la bonificación de 262 euros sea menor al 50% introduce una complicada gestión burocrática, obliga a anticipar el pago a los empresarios, no es seguro y tiene un carácter no indefinido”, alerta el texto en el que trabajan el Gobierno, la CECE, la Cámara, UGT y CCOO.

Todos coinciden, además, en que “la no aplicación del Plus de Vinculación a los nuevos contratos”, algo que patronal y sindicatos se han comprometido a negociar de momento sin resultados concretos, “generará desigualdades salariales entre los trabajadores de una misma empresa y será fuente de conflictividad laboral”.

“Es un injustificable ataque al Régimen Económico y Fiscal (REF) Especial de Ceuta y Melilla, que, a diferencia del canario, no dispone de un sistema de protección”, añade el documento, que reprocha que la introducción de los cambios de forma unilateral “ha creado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes y está ya causando el aplazamiento y cancelación de decisiones empresariales de inversión, en un momento en que son más necesarias que nunca tras la prohibición unilateral del comercio fronterizo por parte de Marruecos”.

Para más inri, los integrantes de la Mesa de Diálogo Social afean al Ejecutivo de Sánchez que su reforma del marco general de bonificaciones a la contratación “incurre en una evidente contradicción con los objetivos de los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla por cuanto pretende incentivar los empleos de baja cualificación [con bases de cotización inferiores a 1.668,8 euros, el 80% de los que se firman en la ciudad] frente a los necesarios en la proyectada reconversión económica de ambas ciudades, basada en sectores de alta productividad”.