El Gobierno ha aprobado una nueva medida para facilitar que se construyan viviendas con mayor rapidez, también en Ceuta. Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden que modifica la normativa sobre tasaciones de inmuebles, con el objetivo de agilizar los procesos y aumentar la oferta de vivienda.
Hasta ahora, las promotoras debían esperar a tener la licencia de obras completa para conseguir una tasación válida que les permitiera acceder a financiación. Con la nueva norma, también se aceptarán licencias urbanísticas simplificadas, que algunos ayuntamientos ya aplican. Esto permitirá que las constructoras puedan empezar a trabajar antes.
La modificación afecta a la Orden de Tasaciones ECO/805/2003, que regula cómo se valoran los inmuebles para fines financieros, como solicitar una hipoteca.
Con esta nueva norma, se reconoce la validez de licencias simplificadas o “esenciales” que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, deben incluir información sobre el volumen del edificio, los usos permitidos y otros datos urbanísticos básicos. No sustituyen a la licencia de obras definitiva, pero permiten avanzar buena parte del proyecto mientras se tramita.
Además, solo podrán usarse si las obras que se empiecen representan al menos el 60% del proyecto total. Es decir, no se podrá construir cualquier cosa sin los permisos habituales, pero sí avanzar en fases previas mientras se completa el papeleo.
Junto a esta flexibilización en los requisitos para la tasación inicial, la nueva normativa incorpora por primera vez el principio de sostenibilidad como criterio a tener en cuenta en la valoración de los inmuebles.
Esto supone que, en línea con las recomendaciones del Banco Central Europeo, se integrarán factores medioambientales y climáticos en el proceso de tasación, como el Certificado de Eficiencia Energética u otras características relacionadas con la sostenibilidad de la edificación.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca dar un impulso inmediato al sector inmobiliario, ofreciendo más herramientas para movilizar suelo, atraer financiación y reducir los plazos de puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.
La modificación entra en vigor con su publicación en el BOE de este 12 de junio de 2025, y refuerza el compromiso del Gobierno con políticas activas de vivienda que combinen el estímulo a la oferta con criterios de calidad, sostenibilidad y eficacia administrativa.
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