Son niños. Algunos de una apariencia no superior a los 6 años. Atrapados en las drogas, explotados por adultos para que cometan robos o para que, como ahora está pasando, crucen de forma arriesgada la avenida Cañonero Dato para colocarse delante de un camión, forzar a que pare y así facilitar los segundos necesarios para que otros adultos se cuelen en el vehículo.
Son ‘señuelos’, son objetos de una explotación que se produce a la vista de todos en pleno puerto. No son invisibles, están ahí, en situación de alto riesgo, sin que nadie haya sido capaz de ponerle una solución a un problema que, queramos o no, nos afecta a todos. Y ante esta situación no valen conclusiones descerebradas del tipo: “que se los lleven a Marruecos”, “ellos se lo buscan”, “son delincuentes”... No vale porque ante todo son niños y estamos obligados a ejercer una protección sobre todo menor que llegue a nuestra ciudad y permanezca en ella en las condiciones que sea. Pero resulta que esto no es así. Resulta que cada vez son más los menores que se ocultan en las escolleras, que viven con adultos, que están sometidos a situaciones nada acordes con su edad, que pueden ser objeto de todo tipo de abuso, que, de hecho, son obligados a experimentar situaciones de clara tensión como es la de ponerse delante de un camión. Parece que en esto del control sobre los menores se está cayendo en un triste juego de la crítica fácil o del lanzamiento de pelotas al tejado del otro para ver quién es más culpable en esta situación. Esa no es la actitud. Existen protocolos publicados y suscritos para que cada cual sepa perfectamente cómo hacer su trabajo, sin lanzar tiritos de forma pueril en notas de prensa, sin convertir este asunto en objeto de enfrentamiento entre administraciones, sin ver a quién echar la culpa en vez de poner sobre la mesa soluciones. Y al asunto de los menores en el puerto hay que ponerle una solución de forma urgente, a no ser que se quiere practicar una política suicida de brazos caídos que, cual boomerang, se volverá contra nosotros en forma de petición de responsabilidades si se produce alguna desgracia. El puerto es una bomba de relojería que crece a ojos de todos, que amarga a camioneros, que imposibilita una acción coordinada y con resultados para las fuerzas de seguridad obligadas a actuar sin medios ni protección. Y ante esta situación, ni siquiera se cumple el primer paso obligado: identificar a esos menores para después poder atenderlos y actuar en consecuencia. ¿Alguien es capaz de parar esta vergüenza?
