La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Ceuta ha identificado a tres alumnos de los centros educativos de nuestra ciudad como los presuntos responsables de las falsas amenazas de bomba perpetradas los días 11, 12 y 14 de marzo.
Su finalidad no fue otra que la de paralizar la actividad docente, generando con ello la evacuación tanto del alumnado como del personal docente, así como el despliegue de diferentes unidades policiales especializadas.
Así lo ha confirmado la Jefatura Superior en un comunicado remitido esta noche a los medios de comunicación. Los implicados son autores de delitos de desórdenes públicos por la gran alarma social generada.
Avisos mediante llamadas y correos electrónicos
Los avisos de bomba se llevaron a cabo utilizando para ello llamadas telefónicas al Servicio de emergencias del 112 o también mediante correos electrónicos a los Institutos de Educación Secundaria Abyla, Almina, Siete Colinas y Puertas del Campo.
Los presuntos autores son alumnos de los centros educativos reseñados y han sido identificados en virtud de las investigaciones realizadas mediante el uso de medios técnicos empleados sobre los teléfonos y direcciones de correo utilizadas para cometer los delitos.
La investigación sigue abierta para lograr el total esclarecimiento de los hechos objeto de aclaración.
Cómo se ha podido dar con los implicados
Los centros afectados por estos desórdenes públicos que alteraron la rutina educativa pusieron denuncia para que así la Policía pudiera empezar a investigar. Los agentes rastrearon las llamadas y además siguieron el hilo de los correos remitidos en los que avisaban de esas bombas que eran falsas.
Todo esto tuvo como consecuencia no solo que se suspendieran las clases, sino que además la Policía tuviera que movilizar a sus agentes. Es una distracción porque de haber ocurrido un incidente grave, se tenía a unos policías empleados en resolver lo que era en el fondo un falso aviso pero que había que verificarlo.
La denuncia por los hechos derivó en la posterior intervención policial que ha sido encomendada a los servicios de información de la propia Jefatura encargados de dar con los autores.
Son escolares, como se presuponía, pero puede haber más implicados con los que todavía no se ha dado.
Es un delito con sus consecuencias
Comunicar una falsa amenaza de bomba puede acarrear una condena para su autor de hasta un año de cárcel, según se establece en el artículo 561 del Código Penal vigente.
En él se estipula de forma literal que "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses".
Otros hechos similares que han llevado a la actuación policial
Y no es la primera vez que sucede, ya hay condenas a menores por haber provocado este tipo de sucesos con las consecuencias nefastas que ello provoca, el miedo entre el alumnado, la movilización policial y el caos en una rutina escolar que debe cumplirse.
Ahora estos menores tendrán que responder ante la autoridad judicial por la actuación cometida, pero además se tendrá que dar con los que cooperaron para provocar esa alteración que llevó a que todos los alumnos y docentes de los centros afectados tuvieran que salir a la calle mientras los policías verificaban que realmente se trataba de avisos falsos de bomba. Todo un caos que va a tener sus propias consecuencias.
No les pasará nada,si son menores la ley los protege,hay que cambiar éstas leues
El apartado "COMO SE HA DADO CON ELLOS..." creo que no es necesario. Cada vez los malos saben más .... Reduciendo / limitando la capacidad de investigación de las FFyCC de seguridad.
Ahora hace falta una condena justa, que a los padres que son los responsables directos de sus hijos, el juzgado les meta una dura sanción que tengan hasta que pedir un préstamo. La educación se construye en la propia casa y los profesores y maestros están para enseñar y no para educar. Enhorabuena a las fcse por resolver rápidamente y de manera eficaz este caso.
Tan simple como que los padres abonen el coste de la movilización de efectivos, se les acaba la tontería de un plumazo.