El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha publicado este miércoles, 8 de julio, en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que resuelve los expedientes de modificación de los conciertos educativos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Formación Profesional Básica en los centros privados concertados de Ceuta y Melilla para el curso 2026/2027.
La resolución mantiene el marco general de financiación, pero introduce cambios en determinadas dotaciones de apoyo y recursos especializados.
La orden responde a las solicitudes presentadas por los propios colegios y analiza, caso por caso, las necesidades educativas, la disponibilidad presupuestaria y la planificación de la red educativa. En algunos casos se aprueban ampliaciones de recursos de Pedagogía Terapéutica (PT), mientras que otras peticiones son rechazadas por entender el Ministerio que las necesidades ya están cubiertas.
En Ceuta, los colegios ‘San Agustín’, ‘Beatriz de Silva’, ‘La Inmaculada’, ‘San Daniel’, 'San Daniel, ‘Severo Ochoa’ y ‘Santa María Micaela’ mantienen sus conciertos con ligeras modificaciones.
Destacan las ampliaciones de recursos de PT en Educación Infantil para 'La Inmaculada' y 'San Daniel', mientras que el resto de estructuras permanecen prácticamente sin cambios.
El BOE también recoge la denegación de diversas solicitudes adicionales formuladas por varios centros. Entre ellas figuran nuevas unidades de PT, Audición y Lenguaje (AL) y apoyos educativos que finalmente no han sido autorizados tras el análisis técnico del Ministerio.
Según explica la orden, las denegaciones responden principalmente a que las necesidades educativas ya están cubiertas con los recursos existentes y a las limitaciones presupuestarias destinadas a la financiación de la enseñanza concertada. También se rechaza el acceso al concierto de Bachillerato en determinados supuestos por no cumplir los requisitos legales.
El documento recuerda que los conciertos educativos mantienen su vigencia hasta el curso 2028-2029 y que las modificaciones aprobadas deberán formalizarse mediante la correspondiente diligencia administrativa entre las direcciones provinciales y los titulares de los centros.
La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque los interesados podrán presentar recurso de reposición o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los plazos establecidos.
Con estas decisiones, el Ministerio busca adaptar los recursos de la enseñanza concertada a las necesidades detectadas para el próximo curso escolar, manteniendo el equilibrio entre atención al alumnado, disponibilidad presupuestaria y planificación educativa.
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