La Mesa de Diálogo Social, máximo órgano de encuentro y participación institucional de los agentes económicos y sociales de Ceuta, se ha reunido este jueves para valorar no solo la situación económica que vive la ciudad sino también las medidas urgentes que deben adoptarse ante un momento de “verdadera emergencia”.
Es necesario promover las gestiones que sean necesarias para recuperar el sistema de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social, instar a que se impulse el plan integral de desarrollo socioeconómico que fue aprobado en octubre de 2022 así como elevar al pleno de la Asamblea una propuesta para reducir en un 50% los tipos de gravamen del IPSI a la importación, en relación con las actividades comerciales más afectadas por la caída del turismo de compras de Marruecos.
Para la Mesa es necesario además continuar en la intensificación de los esfuerzos dirigidos a facilitar el tránsito hacia el nuevo modelo económico y perfeccionar y proteger las especificidades fiscales y otros incentivos amén de desarrollar programas que promuevan las compras de personas procedentes de la Península fidelizando a su vez la demanda local.
Entre las medidas urgentes, que puede consultar aquí en el acta de la reunión, destaca además el establecimiento de una ayuda para los autónomos equivalente a las cuotas a la Seguridad Social que, vía tarifa plana, satisfagan durante los dos primeros años de actividad.
La sombra del episodio de mayo de 2021 prevalece al haberse puesto en evidencia claramente los riesgos y amenazas que sufrió Ceuta y que exigen la aplicación de una estrategia de Estado que garantice la estabilidad y los niveles de prosperidad y cohesión social en igualdad de condiciones del resto del país.
Una estrategia que debe poner el foco en garantizar una presencia “vigorosa” del Estado, un modelo económico “alternativo” más sólido y con mayor capacidad de crear empleo y un funcionamiento de la frontera acorde a su condición de línea exterior de la UE.
La Mesa destaca cómo el prometido plan integral de desarrollo económico no está teniendo resultados por la lentitud en su puesta en marcha, entre otras razones. A esto se suma que la aduana comercial no se ha aplicado de forma plena lo que frena la anunciada normalización del tráfico de mercancías.
Si se adoptaron restricciones para el movimiento de personas lo que ha incidido de manera positiva en áreas como la sanidad o seguridad, nada se ha avanzado ni en tráfico de volúmenes de mercancías ni tampoco por parte de las autoridades marroquíes se permite el paso en régimen de viajeros, lo que trae consigue el cierre de establecimientos que dependían directamente del turismo de compras procedente de Marruecos.
En datos se ha producido un descenso de ventar y pérdidas de trabajadores afiliados entre el 12 y el 20% y la consecuente reducción de empresas del comercio minorista del 7,6%. A esto se añade el brusco descenso de autónomos.
Esa situación económica negativa para Ceuta no solo se ve afectada por la frontera sino por “el duro revés” que, resalta la Mesa, ha supuesto la entrada en vigor del real decreto ley 1/2023 de 10 de enero y a través del mismo la derogación de facto del sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social hasta ahora vigente en las dos ciudades hermanas.
Se ha anulado por tanto uno de los incentivos más potentes con los que se contaba para fomentar el empleo y compensar a empresas y trabajadores de los costes de la extrapeninsularidad y demás condicionantes.
La Mesa ha acordado una nueva reunión en la que se abordarán asuntos de importancia para el futuro de Ceuta, así como intercambiar información acerca de las gestiones que se hayan llevado a cabo en torno a las bonificaciones.
Sobre este asunto la Mesa ya fue clara. Lo adelantaba El Faro esta misma semana. El cambio es “inaplicable” y amenaza con dinamitar la transformación del modelo económico local hacia otro basado en pilares “digitales, verdes y azules” de “alta productividad”.
“Más que una modificación, supone una derogación de facto”, se alerta en el borrador de documento en el que trabaja el Ejecutivo local, la patronal y los sindicatos para intentar aprobarlo este jueves y, una vez puesto en común con Melilla, elevarlo al Gobierno central para solicitar formalmente “la vuelta al sistema anterior que figuraba en la Disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.
“Es un injustificable ataque al Régimen Económico y Fiscal (REF) Especial de Ceuta y Melilla, que, a diferencia del canario, no dispone de un sistema de protección”, añade el documento, que reprocha que la introducción de los cambios de forma unilateral “ha creado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes y está ya causando el aplazamiento y cancelación de decisiones empresariales de inversión, en un momento en que son más necesarias que nunca tras la prohibición unilateral del comercio fronterizo por parte de Marruecos”.
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