El Congreso de los Diputados debate hoy la aprobación del decreto ley para articular un mecanismo de reubicación de los menores inmigrantes no acompañados y, de este modo, aliviar la saturación de los centros de acogida de Ceuta y Canarias, principalmente. Mucho se ha escrito y dicho en los últimos meses sobre la modificación que ha acordado el Ejecutivo central y que también respalda el Gobierno de la ciudad.
Más allá de los matices, lo verdaderamente importante para Ceuta es que el decreto-ley salga adelante, porque en la actualidad hay una presión migratoria insoportable que hay que contener de alguna manera. En política hay una máxima que dice que a veces hay que priorizar lo urgente sobre lo importante. Pues en este caso, los grupos parlamentarios lo tienen fácil, porque ofrecerle un trato digno a los menores no acompañados que llegan a nuestra tierra es urgente e importante.
En lo que va de legislatura, son demasiadas las ocasiones en las que el Gobierno ha recibido duros varapalos por la fragilidad parlamentaria existente en la Cámara Baja y porque no siempre el bloque que apoyó la investidura, principalmente Junts, se ha sometido a las iniciativas parlamentarias del PSOE. De hecho, ya hubo un primer intento de reformar esta ley, pero fracasó. Fue en julio y el Congreso rechazó la toma en consideración de la propuesta con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. El cambio de posición de Junts y del PP impidió que la iniciativa siguiera adelante.
Sería desolador que hoy ocurriera algo parecido. Porque estamos hablando de un problema al que hay que dar una solución con la mayor celeridad, no sólo por la frustración que sienten los gobiernos autonómicos de Ceuta y Canarias, sino por una cuestión de humanidad y de respeto hacia unos menores a los que una sociedad que presume de sus valores democráticos no le puede dar la espalda y abandonarlos a su suerte.
