Si bien el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en Ceuta reconoce que la cita previa “fue un recurso necesario durante la crisis sanitaria”, señala que a día de hoy la medida no se justifica “para acudir al registro con la finalidad de realizar cualquier trámite o para gestiones sencillas”.
Explican que si las razones para sustentar la decidión, en este caso evitar la propagación de la Covid-19, ya no se justifican como en tiempos de pandemia, entonces la ciudadanía debería tener acceso a dos opciones: tanto a la de hacer sus trámites haciendo uso la de la cita previa como acudir personalmente a los registros a la espera de atención.
Recuerdan que “a día de hoy en toda España se han levantado la mayoría de las restricciones impuestas por razones de salud pública” y que “con la recuperación de la normalidad previa a la pandemia, la cita previa ha recuperado en muchos sitios su carácter voluntario”.
Han puesto como ejemplo a seguir lo que han hecho algunas Administraciones Públicas como la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León o los Ayuntamientos de Madrid, A Coruña o Vigo, donde suprimieron la obligatoriedad de la cita previa al no percibirse los riesgos que había durante la pandemia.
“Además, son muchas las personas que nos han expuesto la problemática que a veces les supone el sistema de citas previas cuando deben realizar algún trámite con carácter inmediato”, han planteado desde el MDyC.
Es por ello que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía hará la solicitud al Pleno de la Asamblea de este mes de enero “para que se apruebe la retirada de la imposición obligatoria de la cita previa para poder realizar los tramites en los tres registros que tiene la ciudad”.
“Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario.”
DIEGO GÓMEZ FERNÁNDEZ
Abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidade de Vigo
Por supuesto, es que es ilegal que pongan cita previa en ningún registro público. Ni en la ciudad ni en el MEFP, que hacen lo mismo y es una vergüenza porque en muchas ocasiones están de brazos cruzados y no tienen a nadie, pero no atienden aunque estén mirando las musarañas. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, “el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización servicial que lo gestiona”