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Acusa al desgobierno de Vivas de hacer una “interpretación” de la ley a su manera
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha puesto en conocimiento de la Secretaría General de la Ciudad lo que considera “es un grave incumplimiento de la ley”, expone en una nota de prensa. “La empresa ha decidido no enviar la factura en papel a los abonados, según nos indica el gerente en base a un informe (que no se nos ha presentado), señalando que se le enviará una factura electrónica o podrán recogerla en las oficinas de la empresa para proceder a su abono. Como solución a esta artimaña, la empresa ofrece un formulario para que los abonados soliciten que se les envíe a su domicilio la factura, tras las reclamaciones que han realizado bastantes de ellos”, expone la formación de Fatima Hamed. Desde el MDyC entienden que se realiza una “incorrecta interpretación de la ley”, que perjudica a los abonados, quienes “no sólo son protegidos por la legislación española sino sobre todo por la de la Unión Europea”. A pesar de haber transmitido esta irregularidad por medios escritos y orales al Gerente de Acemsa, e incluso en los Consejos de Administración, no ha habido cambios. “El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, publicado en el BOE número 287, de 30 de noviembre de 2007 señala en su artículo 63 Confirmación documental de la contratación realizada en su punto 3 que en los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación”, añade. Para MDyC, la ley es bien clara, “son los consumidores y usuarios quienes deben aceptar recibir esa factura electrónica, mientras que no lo acepte deben seguir siendo enviadas a su domicilio”, es por que exigen que se cumpla la ley “como en cualquier lugar de España y deje de realizar este desgobierno las interpretaciones de la legislación que sólo le corresponde a los juzgados”.
