El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha presentado una interpelación para conocer en qué estado se encuentra la creación de un complejo asistencial para personas con discapacidad, una de las propuestas presentadas para el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad.
El proyecto contempla una residencia de adultos, una unidad de estancia diurna y un centro ocupacional, con el objetivo de dar continuidad a la atención de los jóvenes con discapacidad una vez cumplen los 21 años.
Desde el MDyC recuerdan que esta iniciativa responde a “una reivindicación histórica de las familias que necesitan dar continuidad a la atención a sus hijos e hijas una vez cumplen 21 años”.
La formación localista denuncia que en Ceuta, los jóvenes que dejan el CEE San Antonio al alcanzar esa edad “quedan completamente abandonados” por la Administración Pública, ya que “muy pocos de ellos logran entrar en Plena Inclusión”.
“El déficit de recursos convierte a Ceuta en un lugar que deja al margen a los colectivos que mayor atención y cuidado necesitan”, advierten. Por ello, el MDyC preguntará también si el Ejecutivo ha tomado medidas para paliar la saturación de Plena Inclusión y garantizar que todos los usuarios puedan ser atendidos.
En su interpelación, los localistas pedirán explicaciones sobre qué actuaciones se han realizado desde que se aprobó la propuesta y si ha habido algún avance real. Además, quieren saber por qué no existe ninguna partida presupuestaria destinada a este proyecto y cómo piensa el Gobierno financiarlo.
El MDyC también cuestionará cuáles son los planes concretos del Ejecutivo para dotar a la ciudad de los recursos asistenciales necesarios que permitan ofrecer una atención digna a las personas con discapacidad.
El partido recuerda que los artículos 14 y 49 de la Constitución Española apelan a la responsabilidad de las administraciones públicas de acometer políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad.
Por ello, insisten en que la creación del complejo asistencial no puede seguir posponiéndose y debe convertirse en una prioridad social para el Gobierno local.
“El Ejecutivo tiene la obligación moral y legal de dar respuesta a estas familias y de asegurar una atención digna y continua a las personas con discapacidad”, concluyen desde el MDyC.
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