Cuando las viviendas de Loma Colmenar se vayan a entregar, como mínimo en septiembre, yendo muy bien las cosas, una de las cosas ciertas en esta situación será que habrán pasado 20 meses aproximadamente desde que las casas fueron terminadas por la empresa constructora y recibidas por Emvicesa.
Es cierto que por medio hemos tenido uno de los mayores escándalos que ha tenido el Gobierno del presidente Vivas en sus quince años de mandato y que todavía no ha encontrado una solución judicial porque la magistrada que entiende del caso aún no ha finalizado la instrucción, ni ha levantado el secreto del sumario.
Estos veinte meses de tardanza desde la finalización de las obras hasta la entrega de las viviendas, en el mejor de los casos, nos hace reflexionar sobre la necesidad que tiene la Administración autonómica de cambiar el paso y procurar que haya una mayor velocidad a la hora de las adjudicaciones, sin que, por supuesto, ello no signifique que no se tengan en cuenta todos los cuidados del mundo.
Pero, en primer lugar, todos los partidos políticos deben ponerse de acuerdo para reducir los trámites administrativos, que se han antojado en este periodo largos y tediosos, sin que ello signifique que no existen las garantías legales. Y, luego, que a la vez que una promoción vaya acabando, se vaya establecimiento el sistema de adjudicación y no deber esperar a que terminen las casas para comenzar con los trabajos.
