Más de dos meses de desencuentros llevan los dos sectores enfrentados en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.
Los conflictos que se produjeron el mismo día de los comicios, con distintas acusaciones sobre manipulación, dejaron paso a unas dos semanas de tranquilidad hasta que se formó el bloque definitivo encabezado por el presidente de Erquicia, Miguel Ayora, sector que sobre el veinte de mayo pidió la celebración de una asamblea extraordinaria en la Federación y que nunca fue convocada por el presidente de la entidad, alegando distintas cuestiones de procedimiento con las firmas de los peticionarios. Luego, el cuatro de junio hicieron entrega de un escrito, respaldado por más de cuarenta asociaciones de vecinos que exigían nuevamente otra asamblea, aunque ya con un orden del día establecido donde se señalaba que el primer punto era la votación para el cese de Juan Moreno como presidente, elección de una junta electoral y por último, abrir un nuevo período de elecciones. No recibieron respuesta y Juan Moreno declaraba a este periódico que no la convocaba porque en los estatutos de la Federación no se contemplaba que una asamblea pudiera cesar al máximo responsable de la entidad vecinal y que, por supuesto, tendría que ser un Juzgado quien le obligara a la convocatoria.
Mientras tanto, el denominado sector crítico contrata a un abogado para presentar en el Juzgado una demanda pidiendo la repetición de las elecciones, argumentando que existieron irregularidades. Una demanda en la que ya se ratificaron. Ahora estaban pendientes de acudir nuevamente al Palacio de Justicia para una segunda demanda, en esta ocasión, por la no convocatoria de la asamblea que pidieron para el cuatro de junio.
Las relaciones entre ambos sectores se han vuelto a enquistar a lo largo de los últimos días, después de la denuncia de la diputada no adscrita Fatima Hamed, sobre la utilización de las Brigadas Verdes en un solar privado. Desde el sector crítico se ha denunciado que era una utilización de personal de las Brigadas, pagado con dinero público pero para fines privados.
