El gobierno de Marruecos gasta al año 217 millones de euros en el “sellado” de sus fronteras terrestres y marítimas para garantizar un control total de la emigración, asegura el ministro marroquí del Interior, Mohamed Hasad, en una de las escasas entrevistas que concede y que ha sido publicada por el semanario Jeune Afrique.
Hasad considera que es “exorbitante” esta cantidad, que incluye a los 13.000 agentes destinados al control fronterizo más los medios materiales y tecnológicos utilizados.
Hasad se explaya en esta ocasión sobre otras cuestiones como el yihadismo, y da las siguientes cifras: unos 1.350 marroquíes combaten actualmente con el llamado Estado Islámico en Irak y Siria, de los que 220 son antiguos presos, y varios de ellos ocupan “puestos de responsabilidad”.
A ellos habría que añadir 286 muertos en operaciones de combate y 156 que han regresado al país y de los que Hasad no precisa si están en libertad o no (desde el pasado año, hacer la yihad en el extranjero es un delito contemplado por la ley marroquí). El ministro reconoce el riesgo de radicalización en las prisiones y explica que una fundación estatal ha puesto en marcha un programa de “des-radicalización” con medidas para favorecer la reinserción mediante programas de auto-empleo. Preguntado por la alambrada fronteriza que Marruecos construye en la frontera con Argelia (según los medios marroquíes tiene ya 110 kilómetros), el ministro no responde sobre cuándo terminará.
