Un marroquí, cabeza de una red dedicada a falsificar documentación para regularizar extranjeros

La Policía Nacional ha detenido a 20 personas por falsificar documentación para regularizar su situación en España en Almería y Roquetas de Mar (Almería), entre ellos el presunto cabecilla de una trama que cobraba alrededor de 2.000 euros a extranjeros extracomunitarios con este fin.

La Comisaría de Almería ha informado en una nota de que la operación 'Orbis' se inició a primeros de septiembre del presente año y con la colaboración por parte de la Oficina de Extranjería de Almería.

Los investigadores detectaron que se estaban presentando solicitudes de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través de la vía del arraigo, como trabajadores por cuenta propia de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Supuestamente, estas personas simulaban con documentos fraudulentos que dichos ciudadanos cumplían con los requisitos exigidos por la normativa de disponer de capacidad para llevar a cabo proyectos empresariales por cuenta propia que finalmente resultaban ser inexistentes.

Todos los trámites de solicitud de dichas autorizaciones, así como la consecución de dichos documentos falsos, se gestionaban y llevaban a cabo a través de una asesoría ubicada en la localidad almeriense de Aguadulce, en Roquetas de Mar.

En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron al máximo responsable de la trama, tratándose de un sujeto que actuaba como gestor administrativo, residente en Roquetas de Mar - Almería pero natural de Marruecos.

Este hombre regentaba un despacho de asesoría y gestoría en Aguadulce, y además tramitaba todo lo necesario ante la Oficina de Extranjería.

Presuntamente, proporcionaba y falsificaba proyectos empresariales como trabajadores autónomos, contratos de arrendamientos de viviendas, locales, trasteros, certificados y diplomas de trabajo de empresas extranjeras, etc. con los que trataría de justificar que el ciudadano extranjero cumple con el requisito de llevar más de tres años residiendo en España para demostrar el arraigo.

Como responsable de la trama delictiva, contactaba con inmigrantes que además le hacían llegar el resto de la organización y que eran conocedores de la falsedad de los hechos, a los que se les cobraba 2.000 euros a cambio de ofrecerles y gestionarles la documentación necesaria para obtener una tarjeta de residencia en España.

A todos los detenidos se les acusa de un presunto delito de falsedad documental y en el caso del máximo responsable de red que ya fue arrestado por la Policía Nacional en los años 2014 y 2018 por hechos similares, además se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.