Quinta semana del
‘caso Emvicesa’ y quinta semana en la que se cuenta con
testificales que tienen algo que decir respecto del funcionamiento de la sociedad municipal de Ceuta colocada en el punto de mira tras la publicación de la
famosa lista fantasma. Este martes se ha contado con la declaración del director del banco Sabadell en Ceuta, quien mantuvo una relación profesional con
Antonio López estrictamente como cliente de su oficina. Ha hecho hincapié en que existen controles bancarios para ingresos y retiradas en efectivo sin recordar que se hubiera producido alguna incidencia o anomalía. Quien fuera uno de los pesos pesados del PP, gerente de
Emvicesa en 2006 y responsable de Fomento, Francisco Márquez, también ha prestado declaración para ilustrar a la Sala sobre el funcionamiento de las adjudicaciones de viviendas.
Ese año se publicó la ordenanza urbanística que vino a sustituir a la de 1998. El objetivo de la misma, ha recordado Márquez, “era articular un mecanismo de adjudicación de VPO que permitiera procedimientos ágiles, eficaces y transparentes desde el punto de vista de la gestión pública”. Bajo su experiencia personal esa ordenanza resultó siendo complicada, con una redacción en la que podían contradecirse artículos. “En definitiva creo que no se cumplieron los objetivos que se habían planteado”, ha matizado.
El origen de los compromisos
Sobre los famosos compromisos cuya existencia fue incluida en la investigación de la UDYCO y que parecen suponer una forma de apalabrar la entrega de casas de protección oficial, Márquez ha considerado que ese mismo término lleva a engaño porque da a entender un significado irreal pareciendo que suponen ya en sí mismos un derecho. “La gerencia atendía multitud de circunstancias que se producían, algunas previstas y otras imprevistas: desde emergencias, ruinas, situaciones de desamparo absoluto… y todas tenían a veces respuesta al contar con recursos pero otras no. Si no se contaba en ese momento con recursos se dejaba constancia de que se atendía el caso. La gerencia dejaba constancia de que ese hecho se había producido y eso es el compromiso, un término que no se ajusta al documento en sí”, ha sentenciado.
“Ese documento no tiene consecuencias jurídicas, solo insta, porque el gerente no podía hacer más, no puede decir otra cosa más allá de lo que la letra puede indicar. La gerencia tenía también una labor social y aquello era una forma de dejar plasmado que su caso se comprende, que se va a atender e instar a los órganos a que actúen”, ha completado. Márquez coincidió con López sin poder recordar que en ese tiempo de convivencia política se hubiera producido alguna incidencia o anomalía. Ante las cuestiones formuladas por la
Fiscalía Márquez ha sido algo más espeso, preñando muchas de sus respuestas de escasas concreciones. Sí que ha dejado claro cuál era la función de la Comisión Local de la Vivienda que, además de aprobar la lista, debía verificarla teniendo todos sus miembros acceso a los expedientes fuera cual fuera la promoción.