No es fácil convocar a decenas de miles de personas para participar en una protesta porque el pueblo tiene inteligencia y no se deja manipular. La manifestación en defensa “de la dignidad del pueblo” y contra las políticas de recortes del Gobierno convocó a ciudadanos de todo el país que hartos de pasar necesidades y de corruptelas dijeron vamos a gritar bien alto ‘BASTA YA’.
También asistieron miles de ciudadanos que teniendo cubiertas sus necesidades se solidarizan con sus compatriotas y no cierran los ojos ante tanta injusticia y desvergüenza.
Vergüenza e indignación es lo que sentimos al ver a salvajes agrediendo con total crueldad a unos policías. Vergüenza es lo que advertimos que se politice los sucesos para sacar del sufrimiento de los agentes un rédito ideológico inmoral e intolerable. Vergüenza es lo que sentimos cuando vemos que se toma por idiotas a los españoles. Esto es lo que sentimos los españoles que concebimos que el derecho de manifestación y expresión es un derecho constitucional irrenunciable y, acabado, nos convertiremos en esclavos de los poderes fácticos, de los golfos que aprovechan la crisis y las desgracias de millones de españoles para hacer buena caja.
Determinados medios de comunicación han comenzado una campaña mediática para convencer a los ciudadanos de que las manifestaciones deben concentrarse en un lugar determinado. Llamémoslo, Manifestódromo.
Trasladado al nuevo diccionario Manifestódromo: Dícese del Lugar público donde los ciudadanos se concentran para chillar y no molestar a los poderes fácticos y a los responsables de las desgracias o quejas de los ciudadanos. Será algo así como “Griten en el manifestódromo, pero no molesten que nosotros no sufrimos necesidades. Tenemos mansiones, nuestros hijos van a universidades privadas, dinero en Suiza no en Bankia, buenas jubilaciones, si nos pillan robando pasan años hasta que seamos juzgados, porque tenemos buenos abogados y, sobre todo, medios de comunicación para decir lo que queramos”.
Lanzar campañas mediáticas para hacer ver a los ciudadanos que los asistentes a la “Marcha por la Dignidad” han tratado de revertir el orden constitucional y que son personas violentas es intolerable y refleja el servilismo de esos medios de comunicación a los poderes fácticos. Un director de un medio de comunicación en un debate con representantes policiales mantenía que unas mil quinientas personas provocaron los sucesos tan repugnantes y tan agresivos contra los agentes nacionales; mientras los representantes de los policías manifestaban abiertamente que eran un grupo de unos cuatrocientos y que son antisistema que fueron a dinamitar la convivencia en una manifestación donde miles de personas querían expresar pacíficamente su repulsa a lo que consideran injusto e inmoral.
Incluso los propios policías agradecieron públicamente las muestras de cariño de manifestantes que han trasladado su solidaridad con los compañeros agredidos brutalmente. Sin embargo, el periodista insistía que los manifestantes de izquierdas querían revertir el orden constitucional. Vamos, que cuatrocientos imbéciles pueden cargarse el Estado de Derecho.
Los violentos no son de izquierdas ni de derechas, son indecentes que se divierten agrediendo a personas, destrozando el mobiliario urbano, crispando a la sociedad, generando violencia para no conseguir nada, solo saciar sus mentes sucias y perversas. Son delincuentes que deben identificarse para ser juzgados y condenados a penas severas que les hagan reflexionar sobre sus conductas o ser recluidos para que no hagan más daño con su violencia.
Los hay que utilizan símbolos fascistas o prohibidos; otros, se presentan como de extrema izquierda que promueven el antisistema, cuando ambos grupos son exactamente lo mismo: delincuentes violentos y organizados.
Podrán lanzar proclamas pagadas en los medios de comunicación, urdir las cabezas huecas de los que temen que los ciudadanos se expresen en libertad; podrán decir mil veces que los manifestantes de la “Marcha por la Dignidad” eran violentos, pero nunca lograrán que los españoles caigamos en la trampa de creernos las mentiras, ni consentiremos que acaben con el derecho constitucional de manifestarnos dónde y por dónde creamos.
