La información que publicamos en nuestro periódico de hoy sobre que el centro de ‘La Esperanza’ ha recibido a más de ochocientos menores marroquíes en los últimos tres años nos debe hacer reflexionar sobre un punto que muchas veces ha sido puesto de manifiesto por la Administración autonómica, pero que no se ha terminado de compartir, de alguna manera, esas competencias con una responsabilidad de la Administración central.
Todos sabemos que la casuística de Ceuta es muy extraña y que aunque la Ciudad Autónoma no cuente con competencias en distintas materias, ese afán de colaboración y de ser la Administración más importante para los ceutíes, hace llevar al Gobierno a implicarse en temas que, seguramente, en otras circunstancias se exigirían al Gobierno de turno.
Todos sabemos que la inmigración es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, y, por tanto, el caso de los menores extranjeros no acompañados no debería estar exento de la responsabilidad por parte de Madrid.
Sin embargo, como la tutela de los menores es competencia de las administraciones autonómicas y Ceuta firmó ese traspaso de responsabilidades a los pocos años de asumir su estatuto de autonomía, no queda más remedio que responsabilizarse de esa tarea.
En determinados momentos se ha negociado con Madrid que la ayuda que se recibe para el gasto que supone la atención a los menores extranjeros no acompañados no está en consonancia con el presupuesto que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta en materia de menores. La diferencia es abismal y ese convenio que existe hoy en día para los MENA es más que insuficiente.
Bueno sería que, en estos momentos, donde parece que la crisis comienza a disiparse y que los Presupuestos Generales del Estado admiten más gasto, que la Ciudad Autónoma se volviera a replantear solicitar del Ministerio correspondiente un incremento de esa aportación. Sería de justicia para la gran labor que se hace en Ceuta.
