Auixa Mohamed sintió alivio al ver que su caso al fin tenía una respuesta. Al menos, así lo consideró el día que le llegó el comunicado de Ingesa. El texto, emitido por la dirección territorial de Ceuta, revelaba el compromiso de resolver la reclamación en seis meses.
El escrito fue recibido en febrero de 2025. La mujer asegura que, en el presente, no ha habido avance alguno. Desconoce si la deuda será abonada, una indemnización que considera necesaria para “hacer justicia”.
La vecina pide que, tras diez años de lo ocurrido, se “asuman responsabilidades” por las secuelas que vivió su hijo Nordin durante tres años y cuatro meses. Todo comenzó cuando el menor sufrió una caída en 2015.
El accidente le provocó una fractura, razón por el que su madre y él fueron a Urgencias del HUCE. Tras detectarla en el codo, le colocaron una férula. A partir de ese momento, debía acudir a consulta durante una semana para hacerle un seguimiento.
“A la tercera cita, cuando lo vio el médico, dijo que no podía seguir con la escayola”, cuenta Auixa. Al retirarla, el niño, que entonces tenía cuatro años y medio, no movía la mano. Pensó que, quizá, se debía al tiempo que había estado con la extremidad inmovilizada por lo que, en principio, le restó importancia.
Fue justo ese día en el preguntó a los sanitarios si le iban a realizar una radiografía. “Me dijeron que no y que lo valorarían en rehabilitación”, comenta. Le extrañó porque, tal y como relata, en las dos citas anteriores sí le hicieron la prueba para revisar el estado del brazo derecho.
Antes de volver a la normalidad, el pequeño recibió sesiones de fisioterapia durante cuatro semanas. De hecho, en inicio, iba a percibirlas siete días menos, pero le extendieron la terapia tras ver que no podía hacer movimientos.
La madre, de nuevo, volvió a solicitar a la sanitaria si podría hacerle una radiografía. Volvieron a rechazar su petición. Insistió. “Es por salud. No puedo dejar a mi hijo de cinco años con una mano que no le vale para nada. La criatura ni comer”, menciona.
“Recuerdo que me dijo que, si se tenía que rascar, que lo hiciera con la otra mano”, narra. “Me fui a mi casa”, detalla. A partir de ahí la rutina del pequeño cambió por completo. “Tenía que hacerle todo”.
Días después, el menor, fue llevado a Urgencias “cada dos por tres” por dolores y hormigueos. “Un médico que lo vio, le pidió que cerrara la mano. Cuando no pudo hacerlo, se llevó las manos a la cabeza”.
El sanitario rellenó un informe, le diagnosticó artritis postraumática y recomendó evacuarlo a Cádiz. Más tarde, lo llevó al pediatra quien le afirmó “que no lo iba a dejar de esa manera”. Este facultativo también le aconsejó el traslado a la ciudad andaluza.
Sin embargo, la evacuación también se complicó. La madre no logró de primeras que le concedieran la solicitud. “Preparé todos los papeles y los entregué. Cuando pasaron dos meses, me resultó raro que no me contestaran. Fui a consultarlo y me comunicaron que me habían denegado la petición”, menciona.
Eso la llevó a contactar con uno de los responsables del clínico de Loma Colmenar. “No recuerdo exactamente cuál era su cargo, pero ese hombre fue una bellísima persona y me ayudó mucho”, explica.
Finalmente, su traslado lo calificaron como nacional, es decir, que no tenía por qué ser desplazado a la población gaditana. “Les aseguré que ya había gastado todo mi dinero en pruebas y demás”, indica. Consiguió llevarlo a un traumatólogo en Cádiz.
Durante la cita le hizo una pregunta. “Le indiqué si esa fractura debía ser operada, que me había informado sobre ello, pero que tenía la duda”. Expone que el facultativo se lo confirmó. Fue en 2019, casi cuatro años después, cuando lo sometieron a una intervención en el Hospital Puerta del Mar.
Ese mismo año en el que la mujer llevó su experiencia a nivel judicial. De hecho, Ingesa recibió una citación para declarar en la fase de diligencias previas. No solo ha confiado en los sanitarios que le manifestaron que algo no marchaba bien. Encargó en 2024 un informe pericial.
Este análisis refleja que la madre “ha invertido para la estabilización de las lesiones 1.236 días desde la fecha en la que se produjo el traumatismo”. El texto resume las secuelas en un día de perjuicio personal grave, que fue el de la intervención quirúrgica, 52 de daño moderado y 1183 de nivel básico.
Más tarde, con esta prueba en mano, de nuevo Auixa presentó una reclamación patrimonial en 2025. La espera y la falta de una respuesta es lo que lleva a día de hoy a Auixa a hacer pública su experiencia. Narra la peripecia vivida a este medio con la esperanza de que, tras diez años, “se haga justicia”.
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