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Sin fecha para el Plan Integral de Seguridad de Ceuta y Melilla

El diputado del PP, Javier Celaya, denuncia que no hay concreción ni compromiso ni tampoco planificación

El Partido Popular ha denunciado la falta de planificación y compromiso del Gobierno de España con Ceuta y Melilla después de la respuesta remitida por el Ejecutivo a una iniciativa parlamentaria impulsada por el diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya, sobre el Plan Integral de Seguridad para ambas ciudades.

En su contestación, el Gobierno reconoce que “se han producido avances en la elaboración de un documento que servirá de base para desarrollos posteriores dentro de los ministerios”, aunque admite también que “actualmente no hay definida una fecha para la finalización del Plan”.

Para el PP, la respuesta evidencia que, más de cuatro años después de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional mediante el Real Decreto 1150/2021, el Ejecutivo sigue sin disponer de un plan terminado para Ceuta y Melilla ni de un calendario concreto para su aprobación.

Sin fechas ni medidas concretas

Los populares recuerdan además que el propio Gobierno ya respondió en abril de 2025 que el Plan Integral de Seguridad continuaba “en proceso de elaboración”. Más de un año después, la situación sigue prácticamente en el mismo punto y el Ejecutivo continúa sin ofrecer fechas, medidas concretas ni compromisos verificables.

El PP considera especialmente grave que el Gobierno tampoco detalle qué avances reales se han producido, qué ministerios están implicados o en qué fase exacta se encuentra el trabajo anunciado.

Una respuesta genérica que no aceptan los populares

La respuesta se limita a una formulación genérica que, a juicio de los populares, confirma la ausencia de una planificación seria para dos ciudades con una realidad estratégica, fronteriza y de seguridad especialmente sensible.

El Partido Popular recuerda que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado y considera inaceptable que Ceuta siga esperando un plan específico comprometido oficialmente desde 2021 y reclamado reiteradamente por el PP en las Cortes Generales.

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