Dos personas están siendo investigadas después de haber declarado que abonaron 20.000 euros para conseguir cuatro viviendas de protección oficial de Loma Colmenar.
No es la primera vez que se producen esta clase de afirmaciones en forma de denuncia pública, de investigación policial o de simple rumor. Sin embargo, no por ello dejan de ser menos graves. Es más bien lo contrario. No pueden seguir sucediéndose sin aclarar qué hay de cierto en las mismas y sin exigir responsabilidades. Unas responsabilidades que está en manos de la justicia dirimir. Si no son ciertas estas afirmaciones, es necesario poner fin a la propagación de bulos que sólo acaban arrojando una sombra de duda sobre el proceso de adjudicación de esas VPOs. Y si, por el contrario, se trata de hechos ciertos, es más necesario aún exigir responsabilidades a todos los implicados en este tipo de tramas. En cualquier caso, sólo la Justicia, con la colaboración de los investigadores policiales, está en disposición de arrojar luz sobre estos hechos.
Cada cierto tiempo, como ocurre hoy, surgen informaciones sobre los pasos que se van dando en el juzgado en relación con estos casos. Hasta el momento, no ha podido establecerse ninguna responsabilidad. Por distintas circunstancias, la Justicia en nuestro país avanza con pasos lentos. Es una realidad que tenemos asumida el conjunto de la ciudadanía. Hace falta que al menos ese lento avance se realice con pasos firmes para disipar de una vez por todas las dudas y sospechas que ensucian el proceso. Es necesario que no se vea afectada la credibilidad de las distintas instituciones de nuestra sociedad. No pueden continuar repitiéndose estas acusaciones tan graves sin ninguna consecuencia, tanto si son ciertas como si se trata de rumores sin fundamento.
