Los vigilantes del Clínico Militar siguen trabajando aun sin cobrar

• Marea Negra asegura que un interlocutor válido sería el teniente coronel de Seguridad, pero “parece que se la trae al pairo”

La profesionalidad de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el Clínico Militar –antiguo Hospital Militar de O’Donnell– hace que los afectados no falten a su puesto de trabajo siguiendo las órdenes del servicio. Un cometido que cumplen pese al impago por parte de Seguridad Integral Canaria de la mensualidad de abril y, dependiendo del caso, la nómina de marzo o restos de ese mismo mes, según fuentes sindicales.

Una deuda que la empresa sigue acumulando con sus trabajadores a 15 de mayo, cuando el convenio estipula que el pago de las nóminas debe efectuarse del 1 al 5 de cada mes. Los representantes de los trabajadores etiquetan esta informalidad como “otro incumplimiento flagrante” en el que incurre la mercantil y preocupa a los 12 trabajadores locales –diez en activo y dos de baja– así como a sus compañeros en la Península ya que este conflicto laboral es de ámbito nacional.

El colectivo, compuesto en muchos casos por cabezas de familia, tiene compromisos adquiridos con entidades financieras y otras obligaciones a las que no pueden hacer frente ante la falta de ingresos. Los sindicatos hablan en Ceuta de hogares con cargas familiares que llevan dos meses sin percibir sueldo alguno y la angustia que les ocasiona.

Marea Negra aporta un testimonio, en este caso de Las Palmas, donde también hay afectados: “Soy madre de familia de tres menores que están a mi cargo y estos impresentables no miran por las personas que trabajan honradamente pensando en llenar su saca. No se dan cuenta que en esta vida te vas con lo puesto. Tan solo pido que sean más humildes y honrados. Eres un sinvergüenza señor M.A.R.A”. En Sevilla, los trabajadores también protestan porque suman 15 días sin cobrar.

Tanto los portavoces del colectivo como Marea Negra apuntaron a que un interlocutor válido sería el cliente de Seguridad Integral Canaria –el Ministerio de Defensa– y, en concreto, “la figura del teniente coronel jefe de Seguridad” ya que tiene “vía directa para poder hablar con el Ministerio y exponer todas las deficiencias que está teniendo esta empresa de seguridad a fin de dar respuesta a toda la problemática que tienen nuestros compañeros”, expuso José Antonio Carbonell, vicepresidente de Marea Negra por la Seguridad Privada. Sin embargo, coincidieron afectados y organización, “parece que se la trae al pairo” a Defensa y al empresario.

Adjudicar a la baja “afectará a la caja de las pensiones”

El vicepresidente de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, José Antonio Carbonell, censuró que la Administración “favorezca la mala praxis” en la adjudicación de contratos a la baja como, aseguró, ocurre con el servicio de vigilancia privada en las instalaciones del Ministerio de Defensa.

El portavoz criticó que empresas como Seguridad Integral Canaria entren en servicios haciendo “mermar” directamente el estado de bienestar existente en España que, “al final, se va a ir al garete”. Carbonell argumentó que estas mercantiles, al operar con sus propios convenios, “hacen que las cotizaciones sean menores, con lo cual, la misma administración está participando en esa merma no solo para ellos, sino para todos los españoles”.

Carbonell consideró innecesario “ser un lince” para comprobar que la persona al frente de la empresa deudora “tiene mano y esa mano le vale para entrar en todas las administraciones y, sobre todo en Defensa, cogiendo servicios tirados de precio que es lo que en realidad la Administración busca: lo más barato”.

“Desprestigia a otros que cumplen con su cometido”

La Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada consideró que la Administración “tendría que forzar a que empresas como esta –Seguridad Integral Canaria– se fuesen de la ciudad autónoma porque no se merecen permanecer más tiempo, están haciendo una competencia desleal y desprestigiando a otras empresas que hacen bien su trabajo”. La entidad reiteró su repulsa y denuncia por el impago a este colectivo a nivel estatal.