Los vecinos de las VPP de Serrano Orive piden la prórroga para los mayores de 35

Los inquilinos de la promoción de 45 VPP de Emvicesa en la calle Serrano Orive tienen intención de reunirse “cuanto antes” con la consejera de Fomento, Susana Román, para pedirle la prórroga de los contratos de arrendamiento, que vencen en febrero, para los mayores de 35 años, según han explicado a El Faro fuentes del colectivo.

Las viviendas fueron adjudicadas en régimen de alquiler hace casi cinco años a jóvenes menores de 35 años, aunque en este lustro  la situación de la promoción ha sufrido varios vaivenes, incluyendo una frustrada operación de venta del inmueble por parte de Emvicesa a una empresa. Los actuales inquilinos han escuchado “rumores” de que no se quiere renovar a los que hayan cumplido la edad, “pero nadie nos dice nada claro y a fecha de hoy desconocemos cuál es la postura de la administración local”.
Por ello quieren plantear al Gobierno local dos alternativas: Una opción de compra sobre su vivienda o una prórroga en el alquiler para aquellos que hayan superado la edad estipulada, “teniendo en cuenta que en su día se nos dijo que se nos iba a prorrogar el contrato durante 25 años”. Recuerdan además que las condiciones para acceder a la adjudicación fueron en su día bastante exigentes. Entre otras se les pedía a los futuros inquilinos un sueldo mensual bruto superior a los 1.800 euros, “muy difícil hoy por hoy con el panorama de empleo que tenemos en Ceuta”, añaden. Además entienden que en el caso de que se tuvieran que marchar la Ciudad tampoco les puede dejar en la calle  “sin un plan B”.
Por todo ello, los inquilinos quieren reunirse con la consejera de Fomento, Susana Román, para trasladarles su inquietud y preocupación por su situación, ya que la Ciudad aun no les ha manifestado si prorrogará o el  alquiler a los mayores de 35 años. De momento, lo que descartan es volver a realizar movilizaciones, como las que ya protagonizaron hace más de dos años, cuando Emvicesa planeaba la venta en subasta del edificio a una empresa privada y que ésta se hiciera cargo de la gestión de los apartamentos. En ese momento los vecinos entendieron que sus derechos no estaban salvaguardados con la redacción anterior del pliego de subasta y que no se les garantizaba su continuidad y tras mantener conversaciones con los responsables del área de Vivienda  se decidió dejar el asunto aparcado.