La quincena de inquilinos que han recibido las notificaciones sugirieron ayer a ambas administraciones “que no tengan tanta prisa” en resolver los expedientes y recordaron cómo el plan urbanístico diseñado en su día para la zona acabó olvidado, mientras “ahora pretenden correr demasiado” en un proceso que puede concluir con el final de sus viviendas y el posterior realojo en otro punto de la ciudad. Una solución que tampoco les convence. “La prioridad es quedarse allí. Las autoridades deberían saber que Benzú es un modo de vida. Hay muchos que aunque les den un ático en el centro dirían que no, porque viven allí desde hace muchos años. Es gente mayor y también jóvenes que viven muy tranquilos y que sólo esperan que con buena fe y voluntad política se solucione todo, aunque también son conscientes de que posiblemente se tengan que marchar”, aseguraba ayer Ramos.
La treintena de vecinos que asistió a la reunión –los afectados y aquellos que temen que puedan ser los próximos en recibir la notificación– insistieron en estar presentes en el pleno de la Asamblea que se celebrará la próxima semana. Intentarán presionar, con su presencia, a las formaciones políticas para arrancarles un compromiso sobre su futuro. También confían en que la Ciudad les traslada, en los próximos días, el resultado de la reunión que mantuvo con la Delegación del Gobierno.
Será precisamente en la sesión plenaria donde Caballas preguntará sobre la situación de las viviendas de Benzú si se acepta su propuesta, presentada el jueves, de incluir ese punto en el orden del día. El primer partido de la oposición alega en su escrito que los vecinos son víctimas de una “atípica situación” urbanística en la zona que “se ha ido imponiendo ante la inoperancia de las diferentes administraciones, que no han sabido dar una respuesta adecuada al crecimiento de la ciudad”. De ahí que la formación solicite que la Ciudad inste a la Delegación del Gobierno a paralizar los expedientes incoados hasta que no disponga de los instrumentos de ordenación urbana previstos en la modificación del PGOU.
La Ciudad “no entorpecerá” el proceso
La consejera de Fomento, Susana Román, insistió ayer, en calidad de portavoz accidental del Consejo de Gobierno, en la tesis que ha mantenido en las últimas semanas desde que comenzaran las primeras protestas vecinales: la competencia en materia de Costas es de la Delegación del Gobierno y, por tanto, habrá que esperar a que ésta dé por concluido el procedimiento abierto para recuperar la franja de dominio público-marítimo. En esa línea, Román aseguró ayer que no entra “a valorar un procedimiento que está ajustado a Derecho” que, reconoció, “tendrá una resolución lenta”, y mucho menos “entorpecerlo”. También insistió en que la Administración local colaborará en todo lo posible en el objetivo de alcanzar “soluciones idóneas” para el posible realojo de los inquilinos afectados, a los que volvió a solicitar “tranquilidad”.
