Además, los órganos de representación de los trabajadores de la Administración quieren recuperar los derechos perdidos La Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Ciudad, órganos que representan a los funcionarios y a los laborales de la Administración local, ratificaron ayer una resolución conjunta que ya fue acordada en la reunión conjunta del pasado 20 de marzo, a través de la que piden al Gobierno local “que ponga fin de manera inmediata a las contrataciones de servicios, las reiteradas encomiendas de gestión a empresas municipales y sociedades mercantiles, y a la utilización del personal de los planes de empleo para realizar trabajos de carácter estructural, ya que suponen una puerta de entrada trasera a la administración pública y una clara cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras”. Mediante la misma resolución, los órganos de representación del personal de la Ciudad piden al Ejecutivo “que todas las contrataciones e ingresos de personal en la Ciudad, así como en los organismos, se realicen respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
En la resolución, los órganos de representación dicen que persiguiendo la política de contención del gasto, las bases para la reordenación del sector público en la Ciudad persigue, tal y como viene recogido en el documento elaborado por el Gobierno, una gestión mejor y menos costosa del capítulo de personal para la reducción del déficit público. “No obstante, a día de hoy el Gobierno de la Ciudad continúa incurriendo en una supuesta ilegalidad de cesión irregular de trabajadores, a través de contrataciones de servicios, encomiendas de gestión, planes de empleo y contratos de colaboración social, que se oponen a lo establecido tanto en la Constitución, que prevé en su artículo 103.2 que el acceso a la función pública debe hacerse conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a través de los procedimientos que garanticen, tal y como recoge la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 además de esos principios, la publicidad y la transparencia, así como la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección”, añadió.
Los sindicatos dicen, además, que dichas prácticas afectan al mandato constitucional de realizar una programación y ejecución del gasto público “con criterios de eficiencia y economía”.
En otra resolución,la Junta y el Comité se comprometieron a instar a las centrales sindicales con representación en la Mesa General de Negociación a “impulsar a través de la negociación colectiva un proceso negociador que tenga como meta la recuperación de días de asuntos propios, días de vacaciones adicionales por antigüedad en las administraciones públicas, así como reducción de jornada de verano”. La resolución recuerda que estas materias ya han sido negociadas y acordadas en otras administraciones públicas en la AGE, Correos, Justicia, etcétera.
Al mismo tiempo, aprobaron solicitar una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “al objeto de pedirle su colaboración para el impulso de dicho proceso negociador”. Además, los sindicatos insistirán en las consolidaciones, las promociones internas ya se están impulsando.
