La idea que maneja la presidenta de la comisión de investigación del 'caso Urbaser' es que los primeros comparecientes que, en todo caso, serían los funcionarios que ahora mismo estén trabajando durante el mes de agosto es que puedan declarar durante la última semana del mes. Por supuesto, siempre que los mismos estén dispuestos a comparecer en persona, ya que también tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, tal y como acordó la comisión en la primera reunión.
Lo que sí parece claro es que todos los cargos del PP que serán citados, desde el presidente a los consejeros que hayan ocupado las responsabilidades de Hacienda y Medio Ambiente y que todavía estén ocupando puestos en el organigrama municipal, sí acudirán en persona. Hay otros que ya no están en la vida pública, como sería el caso de Alfonso Conejo, primer consejero de Hacienda de Vivas o José Rodríguez Ferrón, que tuvo la responsabilidad de Medio Ambiente, de los cuales se desconoce la decisión que podrían adoptar, al igual que Simarro, que estuvo en el primer Gobierno de Vivas dentro de los ediles del GIL que apoyaron la moción de censura y siendo responsable también de Medio Ambiente cuando se firmó el contrato con Urbaser. En pocos días comenzarán a recibir la carta para señalar que han sido propuestos para comparecer.
