Fomento está satisfecho del trabajo que se está realizando en el área de disciplina urbanística en esta legislatura
La Consejería de Fomento cuando finalice este año habrá cuadruplicado el número de expediente de obras ilegales que se han abierto a lo largo de este año en comparación con el 2016. El consejero del área, Néstor García, ha declarado a este medio de comunicación que ahora mismo ya se ha triplicado el número de actuaciones, con lo cual se viene a comprobar que el conjunto de las medidas que ha adoptado a lo largo de estos últimos meses han cumplido con su objetivo.
Pero no solamente se encuentra satisfecho el responsable de Fomento por el trabajo desde el área de Fomento, sino también con las actuaciones que llevan al derribo de estas obras ilegales.
En las últimas semanas se han llevado al Consejo de Gobierno un total de al menos cuatro resoluciones para que por parte de la persona que es el infractor se proceda al derribo de la obra ilegal. En el caso de no cumplir con esta advertencia es entonces el Gobierno de la Ciudad quien lo realiza de manera subsidiaria. Alrededor de unos 50.000 euros suele ser el precio medio de la tasación de estos derribos de obras ilegales. Por supuesto, cuando no se cumplen con la advertencia realizada por Fomento, entonces luego se le pasa la factura de la demolición al denunciado.
Uno de los aspectos que también analiza el consejero es que cada expediente que se abre por una obra ilegal tiene un recorrido aproximado de al menos 12 meses, señalando nuevamente uno de los aspectos que siempre ha abordado cada vez que se analiza esta cuestión y es el sistema garantista que tiene nuestro Derecho Administrativo con las correspondientes audiencias al presunto infractor para que se persona a lo largo de la vida de tramitación del mencionado expediente.
El mismo consejero ha llegado a indicar que las reformas de las ordenanzas para mejorar la lucha contra las obras ilegales tendrían tres apartados concretos: reducir los plazos en los apartados que se pueda legalmente para que no se eternicen los expedientes, incrementar otros plazos para que una posible respuesta por parte de la Administración fuera de los mismos no lleve a la caducidad del expediente e incrementar las sanciones para quienes sean los promotores de esas obras ilegales. Una prioridad del Gobierno en esta legislatura Desde la toma de posesión del actual Gobierno del presidente Vivas se marcó el cumplimiento de la disciplina urbanística como una de las prioridades de la actual legislatura y se hizo famosa la frase del consejero de Gobernación. Jacob Hachuel, de "no levantar el pie del acelerador".
Además, reflejar que el mismo Gobierno en el área de Fomento ha reforzado el departamento de Disciplina Urbanística con el nombramiento de un director general y la contratación de varios técnicos destinados a estos menesteres.
El propio Ejecutivo ha reconocido que no es nada fácil la lucha contra las obras ilegales, porque en muchas ocasiones, a partir de una denuncia en un fin de semana se termina el trabajo y ya están viviendo dentro, con lo cual se complica el asunto y ya nada más que queda acudir a la Justicia ordinaria para que se proceda al desalojo. Con lo cual, con ese cambio únicamente se encuentran ya con un sistema que obligará que dure un proceso varios años. Y es que entonces ya se considera una vivienda y el procedimiento es totalmente distinto.