¿Un bloqueo que esconde un problema político detrás?, ¿se trata de una consigna establecida para que solo sean estos territorios los que están teniendo este bloqueo? La respuesta es mucho más sencilla que todo eso. Todo se debe a un problema de conexión telemática con la Jefatura Superior de Policía tanto de Ceuta como de Melilla, que impide algo básico para la resolución negativa o positiva de esos expedientes de nacionalidad: disponer de los informes sobre esa residencia y penales de los solicitantes.
Lo que está funcionando con toda normalidad a nivel nacional sufre un estancamiento en estos territorios. Es tal la problemática que, a nivel nacional se han resuelto más de 300.000 expedientes de nacionalidad. ¿Cuántos de Ceuta o de Melilla? Ninguno.
El pasado mes de marzo, después de que se elevaran las oportunas quejas desde distintos frentes y los propios delegados de Comisiones Obreras advirtieran de esta situación, se informó oficialmente de que todo estaba resuelto. ¿Cómo? Sería desde la propia central de Madrid desde donde se pidieran los datos a la Jefatura de Ceuta para poder informar sobre los firmantes de dichos expedientes. El hecho es que, estando ya en el mes de mayo, sigue sin haberse dado respuesta, positiva o negativa, a esos expedientes.
Si sindicatos como CCOO se han interesado en el caso, incluso la propia Secretaría del Gobierno también ha efectuado sus gestiones, trasladando el malestar existente ante la enorme bola de casos que se van a acumulando y que va a hacer que la carga de presión que ya soporta el Registro Civil sea mayor, todavía no se han conseguido resultados.
El problema telemático convierte esta situación en esperpéntica. Algo que queda ejemplificado con situaciones como las que se están produciendo, ya que, sí se están notificando en Ceuta las resoluciones de expedientes a marroquíes llegados, por efecto de la crisis, desde la península. Se trata de ciudadanos que iniciaron el expediente para optar a la nacionalidad por residencia cuando estaban residiendo allí. Luego la crisis les hizo cambiar de domicilio y se situaron en la ciudad autónoma, notificando el cambio de lugar para que así supieran el resultado de dicha petición. Pues bien, es el Registro Civil de Ceuta el que está recibiendo esas resoluciones, lo que viene a demostrar que el Plan Intensivo suscrito por el ministro Alberto Ruiz Gallardón sí que funciona cuando se trata de trámites iniciados en otros puntos que no sean las ciudades autónomas.
¿Y qué consecuencia tiene esto? Comisiones Obreras lo advierte: que los afectados no entienden el porqué de este bloqueo y pagan su malestar con los funcionarios ceutíes al comprobar que sus expedientes llevan años sin conocerse la resolución mientras que los de otros, recién llegados a Ceuta, son resueltos mucho antes. Lo que no saben, y se les intenta explicar, es que el bloqueo de marras tiene un origen tan básico como fácil de solucionar pero que, incongruentemente, genera este resultado.
Las últimas informaciones publicadas en su web por el Ministerio sobre el estado del Plan Intensivo de Nacionalidad apuntan a que ya se han digitalizado 450.000 de los 475.000 expedientes de nacionalidad existentes, resolviéndose una media de 5.000 diarios. Se advierte de que se ha priorizado la tramitación por el orden de recepción de los expedientes, insistiéndose, por ejemplo, en que el número de concesiones tramitadas de 2010 es “extraordinariamente superior a los de los años 2011 y 2012”. Se señala además que los expedientes acumulados durante los pasados años prevén estar resueltos antes del verano de 2013.
La situación, como la cuenta el Ministerio, topa con los resultados que afectan directamente a las dos hermanas y que, entre otros, también lo sufren los abogados ceutíes que llevan casos a clientes sobre resolución de nacionalidades y que no saben ya que respuesta darles.
Un proceso que está estancado
La nacionalidad por residencia puede solicitarse cuando el ciudadano haya acreditado un mínimo de 10 años de estancia en territorio español. Este detalle debe ser confirmado, como también que esa persona carezca de antecedentes penales, para lo que hay que disponer de las informaciones que aporte el Cuerpo Nacional de Policía. En el proceso que se inicia para otorgarla o no es determinante el dictamen final que emita el Ministerio después de cumplirse con una serie de pasos en los que actúa el Registro Civil, el juzgado competente, que es el número 3, y el Fiscal. El Colegio de Registradores que colabora en este proceso de digitalización de expedientes queda bloqueado sin conexión con el CNP.
